De estos, 12 casos se encuentran en ejecución de penas, 19 en juicio, 33 en investigación (con imputación de cargos), 20 en indagación con orden de captura, 2 precluidos por muerte del indiciado y uno (1) archivado por conducta atípica.
Categoría: Acuerdo Final de paz
El artículo 129 indica que las sanciones propias y alternativas tendrán una duración mínima de dos años y una máxima de cinco años, incluídas las aplicables por concurso de delitos, para quienes no hayan tenido una participación determinante en las conductas más graves y representativas, aun interviniendo en ellas, salvo que se trate de las hipótesis contempladas en el literal h) del artículo 84 de la Ley 1957.
Diego Martínez, abogado de la familia del excombatiente Dímar Torres, aseguró que militares pretendieron vestirlo como guerrillero del ELN ese día en que fue asesinado, el 22 de abril en Campo Alegre, municipio de Convención, Norte de Santander.
La JEP recuerda que las diligencias de versión a las que estaba citado Sierra Sabogal buscan reunir la información necesaria para construir la verdad de los graves hechos cometidos en el conflicto armado y sobre los cuales puede tener responsabilidad, tal como se expresó al momento de hacer la citación respectiva. Además, en la dimensión individual la comparecencia a la versión es personal, indelegable y obligatoria.
Procuraduría: «La garantía de no extradición no es un derecho fundamental o absoluto, de aplicación inmediata. Es simplemente beneficio procesal, sujeto a las condiciones establecidas por ley y que por ende no puede sobreponerse a la propia ley. No sobredimensionemos esa garantía».
La juez 16 de control de garantías legalizó la captura del dirigente del partido Farc y la audiencia de imputación de cargos será este lunes 20 de mayo en horas de la tarde en los juzgados de Paloquemao.
Lo anterior fue puesto en conocimiento de la opinión pública por parte de la JEP en un comunicado, en el que remata: “Debe quedar claro que la JEP, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz. La JEP insiste en el respeto al estado de derecho y a sus instituciones”.
Santrich es requerido por una Corte del distrito de Nueva York que afirma tener pruebas sobre reuniones que el exFarc sostuvo para enviar cocaína por toneladas a los Estados Unidos. Esas pruebas no permitían evaluar la conducta de Santrich ni establecer la fecha precisa de su realización, razones por las cuales la JEP ordenó su liberación inmediata.
“Debe quedar claro que la JEP, como Tribunal de Justicia Transicional, actuó en el caso Hernández Solarte como garante del proceso de paz, apegado a la juridicidad y no ha sido ella la que eventualmente propicie la crisis del proceso de paz”, sentencia el tribunal
“No obstante los constantes desafíos -como los actuales- que enfrenta el proceso de paz, hoy más que nunca es indispensable que las instituciones, los colombianos y las colombianas continúen trabajando para preservar los avances alcanzados por el Acuerdo de Paz”, concluye la comunicación.