La comunidad añadió que en lo que va corrido de 2019 en el Suroeste, y muy especialmente en los municipios de Andes y Jardín, se ha despertado una ola de violencia que deja como consecuencia 2 homicidios, más de 10 indígenas amenazados de muerte, 2 menores de edad heridas por balas perdidas y la amenaza a través de un panfleto a las autoridades del Cabildo Mayor Indígena del Resguardo Karmata Rúa (Cristianía).
Categoría: Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo dio a conocer nuevos detalles sobre la situación del Bajo Cauca en su última alerta temprana.…
Los días 15 y 16 de abril, el hospital municipal llevará una brigada médica y entregará medicamentos. La Alcaldía municipal dispuso de $15 millones para entregar alimentos a la población desplazada. La Alcaldía se comprometió a elaborar un oficio a la Gobernación de Córdoba para solicitar ayudas.
Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar $832.148 millones, un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.
“Todos estos factores llevan a que se eleve el nivel de riesgo de las comunidades campesinas, líderes y lideresas sociales, miembros de las Juntas de Acción Comunal y defensores de derechos humanos, lo que dificulta poder llevar a cabo su labor. El panorama no es alentador, por eso es importante reconocer el quehacer de los líderes y lideresas, que a nivel nacional están siendo perseguidos, estigmatizados y asesinados”, añade el texto.
El agente tenía en su poder 3 manoplas, 4 navajas, 1 machete, 1 martillo, 1 alicate, 1 binoculares, 1 brújula, 1 juego de esposas, papeles con coordenadas e información de los puntos de concentración, kits médicos y víveres para la supervivencia, al igual que prendas de uso privativo de las fuerzas armadas.
Es cierto que por el momento no hay certeza de la eventual relación que pueda existir entre los desplazamientos masivos registrados en varias veredas del municipio de Puerto Libertador y la actividad minera en la zona. Sin embargo, una fuente de la Defensoría señaló: “En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”. Por lo pronto, es claro que en Córdoba, como en otras zonas del país, el desplazamiento forzado por el conflicto armado no es una tragedia del pasado.
Tal realidad se vive alrededor de un terreno en litigio desde hace 30 años y sobre el cual se llegaron a algunos acuerdos hace 9 años en reuniones realizadas en la zona, donde el Estado Colombiano, se comprometió a realizar los trámites pertinentes para que finalmente estos terrenos pasaran a manos indígenas y aclarar las situaciones que se habían generado entre campesinos, colonos e indígenas.
El 01 de abril de 2019 el ELC de Córdoba se reunirá de manera extraordinaria para evaluar capacidades y definir acciones de respuesta complementaria a los vacíos de esta emergencia.
Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.