La “Región minera indignada” de Segovia, Remedios y Vegachí, según el encabezado del escrito anónimo, llama la atención por las amenazas de las que son objeto los líderes sociales y miembros de las juntas de acción comunal en las veredas del Nordeste.
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El pasado 26 de marzo, Antonio Gutérres, secretario General de las Naciones Unidas, en su último informe presentado ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, destacó, para ese momento, que la JEP «ha recibido 57 solicitudes de revisión de la aplicabilidad de la garantía de no extradición por los crímenes cometidos durante el conflicto armado y antes de que se firmara el Acuerdo de Paz, en 2016. Hasta la fecha ha examinado, y denegado, 40 de ellas».
El grupo ilegal firmante (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo FARC-EP), se define como una “organización revolucionaria que lucha y defiende los derechos del pueblo, ante los atropellos de la oligarquía colombiana, para así brindar a todos una Colombia justa”.
El 01 de abril de 2019 el ELC de Córdoba se reunirá de manera extraordinaria para evaluar capacidades y definir acciones de respuesta complementaria a los vacíos de esta emergencia.
En conclusión, las promesas de una vida mejor suenan muy lejanas para los habitantes de la Colombia que aún vive la violencia o migran por necesidad. Por eso el CICR recomienda que es muy importante que el Estado “tenga una presencia integral, más allá del pie de fuerza, en las regiones donde más se lo necesita.
La declaración de la ONU se conoció horas después de que la Fiscalía interviniera la sede y archivos de la Secretaría Ejecutiva de la JEP este jueves pasado.
La voz realiza un saludo inicial dirigido a las autoridades del corregimiento Santa Rita, de Ituango, municipio del Norte de Antioquia, principalmente a un coronel al que solo se refieren como “ta, ta, ta”.
El incumplimiento por parte del Gobierno nacional ha conllevado a que los militantes de la exguerrilla de las FARC desconfíen de los acuerdos y, a su vez, la coordinación general de la organización pierda poder en sus líneas de base.
Para Raúl Rosende, jefe del gabinete de la Misión de la ONU en Colombia, el tema de la reincorporación «es un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad del proceso de paz. Hay dos elementos fundamentales para este fin: que los excombatientes tengan seguridad física y socioeconómica».
Dentro de la estructura de mando de este frente, Molina desempeñaba tareas de milicia, siendo considerado el segundo cabecilla de las redes de apoyo, con mando en las veredas Las Cuatro, Quebradona, Quebrada del Medio y El Cedral.