De acuerdo con la denuncia formulada por la víctima, la funcionaria pública le habría exigido la suma de 8 millones de pesos a cambio de no hacer efectivas las supuestas sanciones, pero que después de varias conversaciones las exigencias dinerarias se redujeron a $ 4.500.000.
El procesado, presunto integrante de la banda criminal Los Chatas, no aceptó los cargos imputados por los delitos de homicidio simple y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.