Asimismo, exigieron al Gobierno nacional tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país, así como el de todos los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran expuestos a actos de violencia por su trabajo en favor de la defensa de los derechos de todos.
“Es inaceptable y reprochable que se actúe por medio de la violencia, las amenazas, persecución y atentados en contra de la vida, hechos que se actúan cuando se les acaban los argumentos, cuando se defiende unos derechos colectivos de las comunidades; somos territorios de paz y libertades de pensamiento, nuestra solidaridad con su familia”, expresaron en un comunicado.
Se trata de un acuerdo fiscalmente responsable y cuenta con un consenso sostenido por la realidad. De los 4,6 billones de pesos que exigían las comunidades indígenas del Cauca, se concertó asignar $832.148 millones, un 17,5 %, monto que previamente estaba contenido en el plan de inversión para la región del Cauca.
Estas comunidades mingueras junto con las autoridades tomaron la decisión de accionar en el marco de las vías de derecho para reflexionar y analizar de fondo las diferentes problemáticas que los aquejan dentro de los territorios, no solamente a los pueblos indígenas sino a las organizaciones sociales y procesos populares del país.
Hasta el momento, los diálogos entre el Gobierno y los líderes indígenas han sido infructuosas, pues mientras el presidente Iván Duque pide que se levante las vías de hecho, las etnias solicitan su presencia en la mesa de diálogos.