Finalmente, la OIA destaca que la Minga “ha sido, es y seguirá siendo nuestra manera propia y legítima de exigibilidad de nuestros derechos, para no callar ante los crímenes cometidos contra nuestros pueblos y contra nuestra madre tierra. Exigimos la libertad y la vida para nuestro río Cauca. Los pueblos indígenas de Antioquia, somos los ríos, somos las montañas, somos el río Cauca”.
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Finalmente, la Organización Indígena de Antioquia invita al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo y a las Personerías municipales para que sumen los esfuerzos necesarios para garantizar la vida de María Evalina Iságama, así como la de las demás autoridades indígenas amenazadas de muerte.
“Es una minga pacífica que esperamos dejar en todos los corazones de los antioqueños, pero también de todos los colombianos. Un mensaje claro por el respeto a la vida, a la unidad y a la resistencia”, añadió Ana Teresa.
El hecho se registró el pasado sábado 24 de noviembre en la comunidad indígena Jaidezabi, del municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño, donde también resultó herido en la cabeza un niño Embera que se encuentra fuera de peligro, entre tanto, Jumí Domicó, fue trasladado a un centro asistencial de la ciudad de Medellín, donde permanece bajo pronóstico reservado.
En Colombia, en 2018, 3.643 personas han sido reportadas como desaparecidas, de las cuales han aparecido vivas el 2.7% y el 37% muertas. Según reportes de Medicina Legal, en el país han desaparecido 73.000 personas (27.229 menores de edad) entre 2008 y 2018.
La zona del Atrato Medio antioqueño, ha sido olvidada históricamente por el Estado colombiano y que la oferta institucional, llega escasamente a los cascos urbanos de estas dos poblaciones, por lo que las comunidades indígenas están sometidas históricamente al flagelo de la guerra, lo que las hace vulnerables y victimas históricas del conflicto armado.
La Consejería de Gobierno Mayor de la OIA, mediante comunicado, rechazó las amenazas de muerte en contra del Consejero, pues estas “buscan intimidar y coartar su accionar político en el departamento, en favor de las más de 200 comunidades indígenas”.
Hombres vestidos de camuflado descendieron desde helicópteros, detuvieron a los indígenas y prendieron fuego a los ranchos, según la información proveniente del resguardo. Las autoridades indígenas exigieron a los militares que salieran inmediatamente de sus territorios.
El padre de la víctima reaccionó, fue por una escopeta y empezó disparar contra los asesinos. En ese momento se desató un intercambio de disparos tras el cual perdió la vida el progenitor y resultaron heridos otros dos de sus hijos.
El Consejo de Gobierno Mayor de la OIA constató que las familias salieron desde Cáceres para autoalbergarse en otros municipios de Antioquia, abandonando sus casas, bienes materiales y animales.