La situación de orden público en el Bajo Cauca antioqueño es cuando menos preocupante, y el gobierno nacional lo reconoce. Es por esto que se dio a la creación de una política que incluya planeación socioeconómica para mejorar las condiciones del lugar.
La Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), de parte del ministerio del Interior, hizo una solicitud al gobierno para que desde distintos ministerios se le ponga atención al Bajo Cauca y se elaboren planes de desarrollo para que su orden público se estabilice.
La Secretaría de Gobierno de Antioquia, el Ministerio del Interior, Policía, Ejército, Unidad de Víctimas, Unidad Nacional de Protección, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, procuradurías, personerías, alcaldes locales y líderes sociales participaron en la reunión que dio origen a la solicitud que se le está haciendo al gobierno nacional.
“Necesitamos que se fusione todo el plan de acción nacional para cortar de raíz la problemática del Bajo Cauca”, dijo Victoria Eugenia Ramírez, secretaria de gobierno. Con este objetivo se solicitó la creación del Conpes –Consejo Nacional de Política Económica y Social- para esta región. “Se requiere una intervención nacional porque la capacidad de los municipios y el departamento para atender la problemática de seguridad en el Bajo Cauca se desbordó”, puntualizó la funcionaria.
De acuerdo con cifras del Ejército, este año ya se han presentado 10 enfrentamientos armados a gran escala en la zona del Bajo Cauca, entre los grupos armados de Los Caparrapos, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), los frentes 36 y 18 de las disidencias de las Farc y el ELN.
Ni siquiera el aumento de efectivos del Ejército y la Policía en la zona ha logrado mitigar la violencia. Desde inicios de este año se puso en marcha Fuerza de Tarea Aquiles, que representó 5.400 policías y militares más en el Bajo Cauca, pero esto no ha logrado ser efectivo para disminuir los homicidios, las amenazas y los desplazamientos forzados.
El pasado 2 de junio, 4 personas fueron masacradas en el municipio de Cáceres. Asimismo, luego de realizar protestas pacíficas que terminaron en el cierre del comercio, 18 familias tuvieron que salir desplazadas de Tarazá.
Aunque el comercio en este lugar se reactivó, las personas aún tienen miedo de salir a la calle, de acuerdo con un líder social de la región. Estas 18 familias desplazadas se suman a otras 500 personas que han tenido que salir de la vereda La Caucana por el peligro que allí se vive.
Esperamos que este nuevo plan del gobierno sea una solución para el Bajo Cauca más allá de su militarización.
