Tras la captura del exsecretario de seguridad de Medellín, Gustavo Villegas, han salido a la luz pública unas negociaciones tejidas por la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía con la organización criminal conocida como La Oficina, estructura heredera del cartel de Medellín y que en el 2013 firmaría el llamado pacto del fusil, con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), durante la administración de Aníbal Gaviria.
Sin embargo, el escándalo suscitado por la captura de Villegas gira en doble sentido: por un lado resulta extraño que el exsecretario de Seguridad de Medellín sea acusado por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir agravado y nexos con el crimen organizado, a raíz de esta serie de negociaciones con algunos jefes de La Oficina, de las cuales también tendría conocimiento el ente acusador, el alcalde de Medellín y hasta el mismo presidente de la República, según la defensa de Villegas.
En ese sentido, el supuesto sometimiento a la justicia por parte de algunos integrantes de estructuras criminales, negociado por Villegas, no fue a espaldas de la Fiscalía, como esta entidad afirma.
No obstante, dentro de las pruebas presentadas por el ente acusador, está el no cobro de extorsiones por parte de los combos de la ciudad a la empresa distribuidora de alimentos de Gustavo Villegas y un compromiso por parte de los cabecillas de La Oficina para mantener bajos los índices de homicidios en Medellín, lo que evidencia una relación más amigable entre el exsecretario de Seguridad y las estructuras criminales del Valle de Aburrá. Pruebas que para la Fiscalía han sido más que suficientes para considerar que Villegas sacó réditos económicos y políticos con estas negociaciones, extralimitando sus funciones dentro de la Alcaldía de Medellín.
Lo claro del asunto es que nos encontramos ante una crisis institucional que involucra tanto a la Fiscalía como a la Alcaldía de Medellín, siendo la seguridad la principal apuesta de Federico Gutiérrez. O se le tendió una trampa a Villegas por parte de un sector de La Oficina, en colaboración con algún grupo político antioqueño, o definitivamente la Secretaría de Seguridad trabajaba de la mano de los combos de la ciudad. Al fin de cuentas, por donde se le mire, las instituciones en Medellín no han quedado bien paradas con este vergonzoso acontecimiento.
¿Cómo afectará a la seguridad de Medellín la captura de su secretario de Seguridad? Es la gran pregunta ante la que nos encontramos.
Históricamente Medellín ha sido una ciudad que ha pactado con la mafia. Recordemos la llamada «donbernabilidad» en la administración municipal de Sergio Fajardo, que data de la desmovilización de los bloques Cacique Nutibara y Héroes de Granada de las AUC; o el pacto del fusil firmado en la alcaldía de Aníbal Gaviria.
Todos estos pactos o acuerdos con las estructuras criminales de la ciudad han hecho que los homicidios se reduzcan, o que los índices de violencia caigan a los niveles más bajos, dando la impresión a la ciudadanía de una paz estable o de una desarticulación del crimen organizado.
Por eso es que la alcaldía de Federico Gutiérrez se había diferenciado de las anteriores. Al no querer pactar con el crimen organizado, los índices de violencia se habían disparado y los combos de la ciudad le hacían entender de su poderío al alcalde; dando muchas veces la impresión de que se fragmentaba del todo el pacto del fusil.
Sin embargo, a partir de mediados del año pasado, la criminalidad parecía ir en un descenso significativo, al punto de ser marzo de 2017 el mes con menos homicidios reportados desde hace 38 años. Parecía que por fin la estrategia de seguridad de Federico Gutiérrez empezaba a dar resultados.
A pesar de esto, en julio de 2016, se le abría una investigación a Gustavo Villegas por presunto nexos con el crimen organizado, coincidiendo estas fechas con el momento en el que empezaron a reducirse los índices de criminalidad y que las instituciones en la ciudad empezaron a dar positivos sobre capturas de integrantes de estructuras criminales. Todo en el marco de las negociaciones de sometimiento a la justicia por parte de La Oficina.
Ahora que se conocen públicamente estas negociaciones, y que identifican puntualmente a algunos jefes de las estructuras criminales, se podría hablar de un posible fraccionamiento de La Oficina y de una ruptura definitiva del pacto entre esta y el Clan del Golfo, teniendo en cuenta que a las negociaciones con la Secretaria de Seguridad no se sumaron los peces gordos de la alianza criminal del norte encabezada por Carlos Chata.
Otro de los hechos que resultó bastante extraño, luego de la captura de Gustavo Villegas, fue lo ocurrido en el edificio de la Alcaldía de Medellín el pasado jueves 6 de julio. Una evacuación de emergencia por alerta de bomba se presentó en el Centro Administrativo La Alpujarra, en el mismo momento en el que se llevaba a cabo la audiencia de imputación de cargos en contra del exsecretario de Seguridad de Medellín, y que fue cancelada de inmediato por la falsa alarma. ¿Coincidencia? No. Es evidente que alguien quiso entorpecer el proceso de imputación de cargos en contra de Villegas. Alguien muy poderoso que tiene las herramientas para dar una falsa alarma de bomba en el centro administrativo de la segunda ciudad más importante del país.
Sumado a esto, la ola de violencia ocurrida en el último fin de semana en el Valle de Aburrá nos muestra los efectos sobre el crimen que tiene la captura de Villegas. Siete homicidios se presentaron entre el jueves y el domingo, mientras se mantienen los fuertes enfrentamientos en el corregimiento de Altavista y en la parte alta de la comuna 16 (Belén).
Una serie de hechos ocurridos en una sola semana que ejemplifican el fuerte control de las estructuras criminales sobre los municipios del Valle de Aburrá y sus territorios. Una muestra más de que el crimen organizado cogobierna en Medellín con la institucionalidad.
En manos de los jueces de la República está determinar si Gustavo Villegas es culpable o no. Lo que sí está claro es un fracaso en la estrategia de seguridad del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y una fuerte crisis institucional. Al alcalde sobra decirle, una vez más, que es necesario un replanteamiento en la estrategia de seguridad de Medellín, tal y como se ha venido pidiendo desde hace varios años desde Análisis Urbano, antes, incluso, de que Villegas fuera investigado por la Fiscalía.
Fuentes:
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