El año 2018 fue uno de los más cruentos en la subregión del Bajo Cauca. De acuerdo con cifras oficiales, el índice de homicidios en los seis municipios ascendió a 369, con un incremento del 205 % en relación con el año anterior. ¿A qué se deben esos asesinatos? Las respuestas son varias: (i) incremento de las hectáreas de cultivos de hoja de coca; (ii) llegada de carteles mexicanos; (iii) baja ofensiva de la fuerza pública; (iv) corrupción; (v) falta de gobernabilidad en los entes territoriales; (vi) guerra entre Los Caparrapos y las AGC —o Clan del Golfo—; y (vii) llegada de Los Urbanos.
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Entre los municipios de la subregión (Cáceres, Tarazá, Anorí, Zaragoza, El Bagre y Nechí) y la vecina Valdivia, según publicó La Silla Paisa: «[…] se concentra el 83 por ciento de la coca del departamento; en Cáceres y Valdivia crecieron los cultivos en más de un 70 por ciento de 2016 al 2017, y en Tarazá un 35 por ciento».
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En esos mismos municipios, más Caucasia, se concentra también el 81 % de los desplazamientos de los años 2017-2018 en el departamento, según datos de la Unidad para las Víctimas. En Cáceres y Tarazá crecieron un 560 % y un 491 %, respectivamente, del 2017 al 2018.
La respuesta del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, fue ordenar el traslado de 4.000 mil hombres a la subregión del Bajo Cauca antioqueño y el sur de Córdoba; la articulación de jueces y fiscales, apoyados por el Ministerio del Interior y la Séptima División del Ejército Nacional, al mando del brigadier general Juan Carlos Ramírez Trujillo. Para eso se designó al brigadier general Edgar Alberto Rodríguez Sánchez como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, del Ejército Nacional, quien según el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez: «Solo tiene como tarea pacificar esa región».
Lo que hace unos meses la inteligencia y los altos oficiales de la Policía Nacional negaban, es una realidad. Los Caparrapos sí existen y están en el Bajo Cauca. En la actualidad se encuentran enfrentados a las AGC, como lo han denunciado reiteradamente la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano.
De acuerdo con algunas investigaciones, entre ellas las publicadas por la Fundación Ideas para la Paz (FIP), lo mapas de estas subregiones coinciden geográficamente en estos aspectos:
- a) expansión del fenómeno paramilitar;
- b) áreas afectadas por coca;
- c) asesinato de líderes sociales;
- d) a lo cual se suman los mapas de restitución de tierras;
- e) minería ilegal;
- f) municipios en donde hubo presencia de las Autodefensas Unidas de Colombia; y
- f) se presentó el fenómeno de la parapolítica —congresistas apoyados por las AUC—.
Cabe recordar que durante 2017 y 2018 se dio la disputa territorial entre las AGC y Los Caparrapos.
Está confrontación ha producido muertes selectivas, masacres, desapariciones, desplazamientos forzados en los municipios de Tarazá y Cáceres, siendo este último municipio en donde Los Caparrapos tienen su centro de operaciones.
El triángulo del crimen: El Doce, La Caucana y Piamonte
El municipio de Tarazá se encuentra en medio de la disputa entre las AGC —que dominan los corregimientos de El Doce y Barro Blanco, en Tarazá, con incidencia en el corregimiento Puerto Valdivia, en Valdivia, y las veredas Raudal y Raudal Viejo— y Los Caparrapos, que tienen presencia, al parecer con carteles mexicanos —incluso se habla de la existencia de miembros del crimen del Brasil—, en el corregimiento de La Caucana, que comprende a El Guáimaro, desde donde han partido tropas para incursionar en San José de Uré, en el sur del departamento de Córdoba, y algunas veredas de Tierralta, con la intención de recuperar el territorio arrebatado por las AGC. Hay serios indicios de que la guerra en el Bajo Cauca la estarían ganando Los Caparrapos y por esto ya estarían moviendo tropas e incursionando en el sur de Córdoba y el norte de Antioquia.
En video. Llegaron Los Caparrapos a San José de Uré, Córdoba
El comandante de la Séptima División informó recientemente que se estaría fraguando una alianza entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Los Caparrapos y una facción residual del Frente 36 de las FARC, que delinquió en los municipios de Anorí, Amalfi y Segovia. [Ver video]
El conflicto entre estos dos bandos se ha extendido a El Bagre y Zaragoza dejando una cifra alta de homicidios. Esta vez la disputa es entre los alias el Negro Cristian y Braque, de las AGC, que buscan apoderarse de las extorsiones de El Bagre, un municipio en donde la mayoría de la población sobrevive del oro, sea de manera legal —trabajadores de Mineros S. A.— o informal —ilegal para algunos— con dragas, dragones y motobombas, explotando las riberas del río Nechí.
Los Caparrapos-mexicanos vs. Gaitanistas
Caucasia es uno de los municipios del Bajo Cauca con mayor calidad de vida y poder adquisitivo de la subregión; con grandes empresarios y franquicias de grandes empresas. Asimismo, recibe sumas considerables por impuesto oro, producto de la declaración de explotación ante dicho municipio. Ese ha sido el atractivo de los grupos criminales del Bajo Cauca e incluso del Valle de Aburrá, que extorsionan a los grandes comerciantes desde cuotas mensuales que oscilan entre los 50 y los 100 millones de pesos. El asesinato del comerciante Jorge Infante, en el corregimiento La Balsa, de Montelíbano, Córdoba, quien era propietario de la concesionaria Honda y Zuzuki, estaría relacionado con el pago de extorsiones. El comerciante se habría negado a pagarle al Clan del Golfo, que también buscaría pedir el mismo monto de Los Caparrapos. «El método del Clan es que si los comerciantes no pagan los matan, para que Los Caparrapos no se fortalezcan financieramente», dijo una fuente a Análisis Urbano.
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La más reciente captura de alias Ratón, presunto segundo cabecilla de Los Caparrapos, aunque se habla de que sería el máximo líder de esta estructura criminal, según publicación de Análisis Urbano en marzo del 2017 en la investigación En el Bajo Cauca el crimen deambula libremente, desentrañó cuál era el accionar de este grupo criminal que ahora disputa vastos territorios con las AGC.
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¿Tienden a crecer Los Caparrapos?
Una fuente, que pidió la reserva por cuestiones de seguridad, le reveló a Análisis Urbano la reunión que se habría dado en una finca del municipio de Cáceres, en los dominios de Los Caparrapos y cercana al corregimiento de Piamonte, concretamente en la Isla de la Amargura, a donde habrían acudido más de 50 personas, algunas de ellas serían parte de los sectores ganadero, minero y comercial, que estarían dispuestos a financiar las acciones criminales de este grupo a cambio de protección de las acciones de las AGC.
La orden de pedir financiación e ir abriendo el camino para la entrada de más tropas que harían parte de Los Caparrapos, habría sido dada por un hombre cercano al extraditado jefe paramilitar y mafioso Ramiro de Jesús Vanoy Murillo, alias Cuco Vanoy, quien en los próximos meses regresaría al país, deportado desde los Estados Unidos, luego de haber purgado una pena impuesta por una corte norteamericana por el delito de conspiración y tráfico de cocaína desde Colombia.
Recientemente, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, dentro del proceso priorizado del Bloque Mineros, condenó a Vanoy Murillo a una pena 40 años de prisión, la cual le fue sustituida por 8 años, que ya habría cumplido en Estados Unidos, además de la colaboración que brindó a la justicia y que aparece en el citado fallo de junio de 2018. [Ver fallo-Bloque Mineros]
La sombra de Cuco
El poder del comandante Cuco Vanoy, desmovilizado del Bloque Mineros en 2006, según algunos conocedores del conflicto en el Bajo Cauca, tiene algunos vestigios, muchos de ellos encarnados por Los Caparrapos, quienes se han enfrentado a las AGC por el control de bienes que, aunque se encuentran en extinción de dominio por haber sido entregados como reparación para las víctimas, son de difícil acceso para el mismo Estado, lo cual ha sido aprovechado para realizar actividades ilícitas.
Algunas fuentes le confirmaron a Análisis Urbano que el regreso de Cuco Vanoy a Colombia podría hacer que las confrontaciones militares entre Los Caparrapos y las AGC se incrementen, buscando desestabilizar el poder que han venido extendiendo los hombres al mando de alias Otoniel, y que le responden en el Bajo Cauca a alias Gonzalito, quien tomó la jefatura luego de la muerte de alias Gavilán. Sin lugar a exageraciones, según una fuente: «Los Caparrapos podrían tener dentro de su estructura militar y cadena de microtráfico-narcotráfico, más de 2.000 hombres, los cuales podrían recibir refuerzos y llegar a tener 5.000 con el regreso del patrón».
La ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano esperan que la llegada de Ramiro Vanoy sea para aportar a la paz y la reconciliación en Colombia, al igual que lo han hecho otros jefes paramilitares que han salido de cárceles colombinas e incluso norteamericanas.
Así, la tarea de los 4.000 hombres de la Séptima División, que estarán en el Bajo Cauca y en el sur de Córdoba, en desarrollo de la Operación Aquiles, tendrá como retos la identificación de las cabezas visibles del crimen urbano y rural, el contubernio con un sector de las autoridades civiles, policiales y militares, las redes de financiación y el desmantelamiento de la estructura de narcotráfico que estaría financiada en la actualidad por el crimen trasnacional con rostro mexicano y brasileño y que ha tenido desde hace tiempo aliados en el mismo territorio, en donde el crimen sigue deambulando con impunidad.