PASTO, COLOMBIA – (15 FEB 2024) – Mauricio Geovanny Vallejo Tobar ha sido judicializado y privado de la libertad tras ser capturado en un operativo de la Policía Nacional por transportar ilegalmente 49 frascos de ketamina y 20 millones de pesos en efectivo. El arresto tuvo lugar el 8 de febrero de 2024 en un retén policial en el sector de Pedregal Imues, una zona rural de Pasto, cuando Vallejo Tobar se desplazaba en un vehículo acompañado de dos mujeres.
La detención se produjo después de que los agentes policiales descubrieran una caja con frascos de color café que contenían ketamina, un anestésico de uso veterinario que es utilizado ilegalmente por sus efectos alucinógenos, y una suma considerable de dinero en efectivo. La ketamina, que pesó un total de 4 kilos, es una sustancia depresora del sistema nervioso central que puede generar dependencia. Además, es conocida por ser utilizada por estructuras criminales para la producción de Tucibi (2CB) o cocaína rosada.
Vallejo Tobar, durante las diligencias de indagación, aceptó su responsabilidad en el transporte de la droga disociativa y el dinero. También aseguró que las dos mujeres que lo acompañaban no tenían conocimiento del contenido ilegal que se transportaba. A raíz de su declaración, las mujeres fueron dejadas en libertad.
La Fiscalía, tras presentar el caso ante el juzgado penal con control de garantías, logró que se dictara una medida de aseguramiento contra Vallejo Tobar, quien deberá enfrentar cargos por su presunta participación material en el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. La medida de aseguramiento se cumplirá en el lugar de residencia del imputado.
A.U.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
