El Gobierno no quiere dar estatus político a las AGC, estructura que no piensa ceder en su pretensión de ser reconocida como organización política. A pesar de que ninguna norma, ni las existentes ni las pendientes de aprobación ofrecen incentivos a los no rebeldes, estas organizaciones permanecen en la mesa, optimistas de que se podrán alcanzar acuerdos que pongan fin a la confrontación interna.
Colombia, 15 julio de 2023.- En Colombia no hemos podido superar un conflicto armado que ajusta ya 63 años. El contexto en que se ha desarrollado desde sus inicios incluye falta de espacios de participación política, desigual repartición de la tierra, inequidad e injusticia social y recientemente el narcotráfico y el crimen organizado.
La pobreza y el desinterés del Estado empujaron a cientos de ciudadanos a agruparse, a armarse y a utilizar la violencia para subsistir e intentar reparar las fracturas causadas por las desigualdades sociales y el abandono estatal.
Pero empuñar las armas no fue el remedio, pues los actores armados pasaron de ser víctimas a victimarios, imponiendo su voluntad a sangre y fuego, dejando más desastres que ventura. Según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1958 y 2018 el conflicto dejó 215.005 civiles muertos y 46.813 combatientes. Entre las modalidades de violencia más utilizadas en ese tiempo por las estructuras armadas están el secuestro, la violencia sexual, la desaparición forzada, el desplazamiento, la extorsión, el homicidio, el reclutamiento de menores, las masacres y los atentados terroristas.
94.754 muertes son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. Los grupos armados no fueron la solución y sí pasaron a ser parte del problema. En el país todavía hay niños que mueren de hambre, familias que se acuestan sin poder comer, jóvenes desescolarizados, adultos sin empleo y políticos que usan el poder para hacerse cada vez más ricos. Y no se trata de un discurso socialista ni una postura de izquierda, es una realidad de peso que carcome cada día nuestra sociedad.
El Comité Internacional de la Cruz Roja -CICR- indicó en marzo pasado que en la actualidad en Colombia hay siete conflictos con grupos armados organizados ilegales. De ahí el interés del Gobierno de Gustavo Petro en acabar de una vez por todas con estos conflictos.
Y para lograrlo, el Mandatario se ha propuesto negociar con esas estructuras, pues ha quedado claro que combatirlas no es la respuesta. Con el proyecto de Paz Total, entonces, el Gobierno Nacional espera que los ilegales dejen las armas, los negocios ilícitos, se integren a la vida civil y se termine el conflicto armado.
En desarrollo de ese propósito, en noviembre de 2022, el Congreso aprobó la Ley 2272 de 2022, que prorrogó a su vez la Ley 418 de 1997 -conocida como “Ley de Orden Público”-, cuya finalidad es definir la política de paz como una política de Estado, crear el servicio social para la Paz Total y pasar de una vez la página de violencia y sangre en Colombia, adoptar usos y costumbres propias de una sociedad sensible y en convivencia pacífica y recorrer caminos de paz y tranquilidad.
No obstante, esa Ley -la 2272- faculta al presidente Gustavo Petro para que adelante diálogos de paz con grupos rebeldes y conversaciones exploratorias con estructuras armadas no rebeldes. Lo anterior significa que, realmente, para construir la Paz Total, el Gobierno no dialogará con todas las agrupaciones. Tendrá conversaciones políticas con algunas organizaciones (como el ELN) y con otras solo habrá acogimiento a la justicia (como las AGC).
En su artículo segundo, la Ley especifica que, en el marco de la política de paz, el Gobierno podrá tener dos tipos de procesos: (i) negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político, en los que se pacten acuerdos de paz; y (ii) acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento.
Estos últimos no tienen estatus político, por lo que se propone para ellos un acogimiento a la justicia conforme al Código Penal y el Código de Procedimiento Penal y así sus líderes e integrantes podrán obtener “beneficios” si entregan información importante sobre sus socios, testaferros, rutas del narcotráfico, etc., y si reparan a las víctimas.
A propósito de esta nueva denominación, cabe recordar que en el gobierno de Álvaro Uribe, las estructuras que hacen parte del conflicto armado interno fueron bautizadas como Bandas Emergentes y Bandas Criminales (Bacrim); en el gobierno de Juan Manuel Santos se les cambió el nombre a Grupos Armados Organizados (GAO), Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR); ahora, y a partir de la Ley 2272 del 2022, son Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI).
Diálogo con rebeldes y sometimiento para no rebeldes
Dividir las estructuras en rebeldes y no rebeldes seguramente no fue de buen recibo en las AGC, pues estas no cederán en su pretensión de ser reconocidas como una estructura de carácter político, como lo ha reiterado su representante jurídico, el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes.
De hecho, para las AGC ese es el primer tema de la agenda a negociar con el Gobierno Petro y solo si se fijan los términos en ese sentido, aceptarán dialogar, entregar las armas, desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil, ha enfatizado Giraldo Cifuentes.
En el primer grupo (rebeldes) están el Eln -respecto del cual el Gobierno Petro decretó un cese al fuego bilateral que regirá entre el 3 de agosto y el 29 de enero de 2024-, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, con las que se entablarán diálogos de carácter político.
Y en el segundo grupo (no rebeldes), están las AGC, las ACSN (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada o Pachencas) y las estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá (con las que se instaló un Espacio de Diálogo Socio-jurídico el pasado 2 de junio en la cárcel La Paz de Itagüí), Buenaventura y Quibdó, con las que se adelantarán conversaciones socio-jurídicas que, según Rueda, no han podido avanzar porque dependen del proyecto de Ley N. 288 de 2023 que se tramita en el Congreso.
El pasado 15 de marzo, el gobierno de Gustavo Petro presentó en el Congreso el proyecto de Ley N. 288, por medio del cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, un articulado similar a otros anteriores, es decir, una norma para que estructuras ilegales, como las AGC, se acojan a la justicia, para que sus integrantes se identifiquen, confiesen sus delitos, paguen prisión por ellos, delaten a sus socios políticos, militares, policiales y a sus compañeros, entreguen rutas, armas y reparen a sus víctimas. Quienes estén solicitados en extradición deberán responder ante el tribunal extranjero que los requiera. Y la norma no otorga estatus político a los grupos que se acojan a la justicia.
Ese diseño normativo no es de la aceptación de los grupos armados al margen de la ley y en el parlamento criollo tiene más enemigos que adeptos. La norma no gusta a los opositores, porque, entre otros, (i) propone que los postulados confiesen sus delitos, lo que suponen no harán; (ii) el beneficio patrimonial para los sujetos supera el tope establecido en el Código de Extinción de Dominio (5 % del valor de los bienes que efectivamente sean entregados y que sean monetizables o tengan en sí mismos capacidad para la restauración de las víctimas, sin exceder los 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes). Los postulados podrán quedarse con el 6 % de los bienes que hayan adquirido ilegalmente, siempre que el monto total no exceda de los once mil seiscientos millones de pesos (10.000 SMLMV = $11.600.000.000). (iii)
Y ese es precisamente el nudo gordiano que impide que avance cualquier intento de negociación con las ahora denominadas estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto (EAOCAI). ¿Para qué estas normas y procesos si en ellos no hay nada distinto a los beneficios que obtiene cualquier delincuente que se sujete a la justicia ordinaria?
Por eso, que no se haga extraño que al proyecto N. 288, de convertirse en Ley (“Ley de Sujeción”), no haya quien se sujete.
Adicionalmente, no es muy diferente a la Ley 1908 de 2018, norma que fue creada para fortalecer la investigación y judicialización de organizaciones criminales, que en su momento fue denominada como la “Ley de Sometimiento” y a la que nadie se sometió.
Al respecto, el abogado Ricardo Giraldo asegura que la dirigencia de esa organización rechaza el proyecto de ley, pues no les otorga categoría política, obliga a sus integrantes a identificarse, a confesar sus delitos, pagar prisión por ellos, entregar sus bienes y no se opone a la extradición. Además, si existen normas que en ese sentido sí favorecen a integrantes de otras estructuras armadas, ese proyecto está condenado a fracasar. Las AGC quieren avanzar en la Paz Total como una política de Estado, llámese negociación o diálogos, pero no bajo la figura de sometimiento o sujeción, reafirma el abogado Giraldo.
Una ley de sujeción o de sometimiento debe ser atractiva para los ilegales, de lo contrario, no tendrán ellos ningún problema en continuar con sus actividades ilícitas. En los territorios bajo su injerencia, las AGC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Estado Mayor Central de las Farc (EMC), la Segunda Marquetalia, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) y las estructuras de Medellín, Buenaventura y Quibdó tienen el monopolio sobre el uso del poder coercitivo, desarrollan proyectos ecoturísticos, apoyan a los campesinos y construyen centros educativos, de salud y de deporte.
También son bandidos dedicados a la minería ilegal, el secuestro, el narcotráfico, la extorsión, los homicidios selectivos, el desplazamiento, la desaparición, el reclutamiento, entre otros delitos. Por eso, lo menos importante es determinar si estas estructuras tienen o no vocación política, si son de derecha o de izquierda, si son rebeldes o no.
Solo las hacen diferentes el nombre, la cantidad de hombres, su historia, su procedencia, sus procedimientos sanguinarios y sus acciones sociales. Son grupos armados que no ven al Estado como el adversario a vencer. De hecho, ya lo consideran venido a menos. Y si es más fácil para ellos seguir en la ilegalidad, lo harán.
Sin embargo, como ya se ha visto, la salida negociada es la llamada a ponerle fin al conflicto, puesto que enfrentarlas no ha servido de mucho, como ha ocurrido con las AGC.
Las autoridades, con ayuda de agencias de seguridad de EE. UU. y Europa, crearon dos operaciones Agamenón para perseguir a las AGC y acabarlas, les han capturado a miles (2.900) de sus integrantes, les han decomisado armas, incautado estupefacientes, quitado máquinas y aun así no han podido con ellas. Tampoco las diezmó la muerte de varios de sus líderes, como alias Gavilán (2017), alias Inglaterra (2017), alias el Indio (2018), alias Marihuano (2021) y alias Siopas (2023).
Ni siquiera la captura (2021) y extradición (2022) de su máximo líder, alias Otoniel (Dairo Antonio Úsuga David), ha debilitado su capacidad de mando ni el control dentro del grupo y mucho menos su potencial de expansión, ahora bajo el liderazgo de Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, comandante Javier.
Por el contrario, las AGC, bautizadas en 2016 como Clan del Golfo por el Gobierno de Juan Manuel Santos, han crecido en integrantes y en presencia territorial. Han tenido un crecimiento del 360 % y hacen presencia en 14 departamentos -332 municipios-, con aproximadamente nueve mil integrantes en armas. Las AGC, como a la Hidra de Lerna o a Sammael el Desolador, entre más las atacan, más se regeneran. Se infiere entonces que pelear contra las AGC no es el camino.
Exigen acciones reales de paz a las AGC
Una vez se conoció la propuesta del presidente Gustavo Petro, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC, clasificadas como grupo armado organizado, según la resolución 015 de 2016, por el ministerio de Defensa, se mostraron interesadas en sumarse a la Paz Total.
Inclusive, el “Estado Mayor Conjunto” de esa agrupación contrató los servicios profesionales de abogados para que adelantaran los acercamientos, las exploraciones y negociaciones jurídicas -de ser posible y necesario- en nombre de las AGC.
Sin embargo, aseguran las autoridades que las AGC no han detenido su accionar criminal, ni siquiera cuando el presidente Gustavo Petro decretó un cese al fuego bilateral con esa estructura el 31 de diciembre de 2022 y que esa agrupación prometió respetar. Pasados 78 días, el 19 de marzo de este año, el mismo presidente Petro ordenó levantar la medida, argumentando que integrantes de las AGC habían disparado contra la Fuerza Pública en el Bajo Cauca.
También se les acusaba de orquestar e infiltrar el paro minero en esa subregión, que inició el 2 de marzo y culminó el 5 de abril de 2023. Al parecer, por orden de las AGC, los comerciantes tuvieron que cerrar sus establecimientos y muchos jóvenes fueron obligados a infiltrarse en las protestas, según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria (https://twitter.com/RevistaSemana/status/1636059873929572352?s=20).
Las subestructuras 1.“Uldar Cardona Rueda”, bajo el mando de José Miguel Demoya Hernández, alias Chirimoya; Fredy Rivera Cochero, alias Bula; Jadid Antonio Gary Severiche, alias El Ciego; y William Buelvas Tordecilla, alias Piolín; 2.“Julio César Vargas Torres”, liderada por José Ramón Zapata Pérez, alias Gavino; Luis Daniel Terán Baldovino, alias Chuzo; y Óscar Gómez González, alias Tomás; y 3.“Yeison Leudo Chaverra”, cuyo cabecilla es alias Darío o Costeño; estarían al frente del vandalismo en el marco del paro minero, aportando dinero, instrumentalizando menores de edad y ordenando el cierre del comercio.
A los jóvenes que participaron les entregaron entre 70 mil y 100 mil pesos diarios y a quienes no, los amenazaban. “Recibieron dineros del Clan del Golfo para hacer daño y hacer pasar esa violencia como un paro social. Dañan a su propio pueblo y a su familia”, escribió el presidente Petro en su cuenta de Twitter (https://twitter.com/petrogustavo/status/1634919799578066945?s=20).
Las AGC aseguraron que no estaban promoviendo ni apoyando el paro, aunque sí respetan la protesta social. Y añadieron que las denuncias del gobernador Gaviria eran una “cortina de humo”, para no atender las solicitudes de los mineros y prolongar el abandono en el que se encuentran las comunidades mineras del Bajo Cauca.
El paro se terminó, pero no las acusaciones contra las AGC. En Chocó, por ejemplo, culpan a las AGC y al Eln de tener en riesgo de morir de hambre a 9 mil personas.
Los enfrentamientos entre esas dos estructuras, que se disputan el control territorial en la subregión San Juan, completaron once días este viernes 14 de julio de 2023. El Eln decretó en esa zona un paro armado desde el 5 de julio y estaría realizando hostigamientos a civiles.
El gobernador de Chocó, Ariel Palacios, asegura que los municipios de Sipí, Istmina, Nóvita y Litoral del San Juan, están confinados por esa guerra. Muchos de sus habitantes se tuvieron que ir desplazados para salvar sus vidas y quienes se quedaron están aguantando hambre, pues las AGC y el Eln impiden el paso de alimentos por los corredores tanto terrestres como fluviales.
El gobernador Palacios cree que si el Gobierno Petro firma pronto un cese al fuego con las AGC se terminarían estos enfrentamientos. Y espera que el Eln respete el cese al fuego que iniciará en agosto. Por su parte, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al Eln para que sea coherente con lo que plantea en la mesa de negociaciones, pues este es el quinto paro armado que ordena este año en la subregión del San Juan por causa, según la guerrilla, de los constantes ataques de las AGC. Los puestos de control instalados por Ejército y Policía no han servido de nada.
La crudeza de las disputas entre estas dos estructuras también se padece en Segovia, Antioquia. El alcalde de ese municipio del Nordeste, Didier Alexander Osorio, denunció que en el sector Rancho Quemado, zona rural, hay 300 personas confinadas, entre ellas 100 niños que están aguantando hambre y que no han podido regresar a la escuela. Los combates han obligado a 50 familias a desplazarse de las veredas Arenales, San José del Pesca, Jagua, Monte Frío y El Aguacate.
Las AGC, según fuentes militares, montaron retenes en el ingreso a la vereda Cañaveral, a lo cual se opuso el Eln, lo que dio inicio a las confrontaciones. Este viernes 14 de julio la comunidad cumple dos semanas encerrada, sin poder tener acceso a los alimentos. Aníbal Gaviria prometió que toda la fuerza del Estado llegaría a combatir a los grupos ilegales que tienen acorralada a la población, pero eso no ha ocurrido (https://twitter.com/anibalgaviria/status/1675549747870937091?s=20). Al igual que en Chocó, los puestos de control instalados por Ejército y Policía no han servido de nada.
La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana Estructural N. 033 de 2022, advirtió el peligro que corren los habitantes de la subregión de Los Montes de María ante la expansión territorial de las AGC, lo que pone en riesgo a los pobladores de los 16 municipios que la conforman: Carmen de Bolívar, María La Baja, San Juan Nepomuceno, Zambrano, Córdoba, El Guamo y San Jacinto, en Bolívar; y Sincelejo, San Onofre, Ovejas, Morroa, San Antonio de Palmito, Toluviejo, Chalán, Colosó y Los Palmitos, en Sucre.
Allí, por cuenta del crecimiento y consolidación de las AGC, la estructura “impone normas, recluta jóvenes, instrumentaliza niños, constriñe a la población rural, resuelve conflictos de la comunidad, impone sanciones o financia proyectos, amenaza la vida e integridad física a través de panfletos, llamadas telefónicas y mensajes de texto, interviene espacios comunales y comete desplazamiento forzado”, dijo al respecto el Defensor del Pueblo, Carlos Ernesto Camargo Assis.
Recientemente, el Alto Comisionado para la Paz, Iván Danilo Rueda Rodríguez, invitó a las AGC a disponerse realmente para la Paz Total. “Les ofrecemos la posibilidad de conversar sin veto, sin negación de ninguno de los temas, pero tienen que disponerse a conversar sin mentiras y sin trampas”, les dijo Rueda.
Según autoridades civiles, militares y de policía de los Montes de María, las AGC ejercen violencia contra las mujeres y lideresas sociales, amenazan a los habitantes -entre ellos los indígenas de los 50 cabildos del pueblo Zenú-, están reclutando menores, ejecutan homicidios selectivos y cobran extorsión.
“Sabemos que ellos extorsionan a los más pobres y dicen las AGC que defienden a los pobres, pero les cobran extorsión hasta a las señoras de los tintos, a los vendedores ambulantes, a los que venden agua. Entonces les decimos: señores de las AGC ustedes no representan al pueblo empobrecido”, manifestó Rueda en mayo pasado.
En diálogo con la emisora La W, el pasado 7 de julio, Rueda insistió en que el Gobierno quiere reunirse lo más pronto posible con las AGC para avanzar en la construcción de los escenarios que permitan parar la violencia.
Y aclaró que a pesar de suspenderse el cese al fuego con las AGC, se mantienen las conversaciones para retomarlo. “Tenemos diálogos directos para buscar salidas que generen confianza en la ciudadanía, protejan la vida de los colombianos y limiten las situaciones extorsivas. Eso lo hacemos con o sin cese al fuego”, expuso Rueda en ese medio de comunicación.
Urge el cese al fuego con verificación
El pasado 31 de diciembre, el presidente Gustavo Petro decretó un cese al fuego bilateral y temporal entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2023 con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, como un primer paso en la búsqueda de la Paz Total. Sin embargo, el 19 de marzo de este mismo año, el Presidente anunció que suspendía el cese al fuego con las AGC, a las que responsabilizó de los sucesos violentos ocurridos en las subregiones antioqueñas del Nordeste y el Bajo Cauca en desarrollo del paro minero.
No obstante, los acercamientos con esa estructura continúan. La comunicación es constante y permanente, según el abogado Giraldo. Las AGC quieren avanzar en la consecución de la paz, por lo tanto, el cese al fuego y a las hostilidades debe retomarse. Además, debe nombrarse una comisión de verificación y monitoreo, integrada por observadores de las partes y de la comunidad internacional, para garantizar que se cumpla con lo acordado en esa tregua.
Y que prevalezca el diálogo, uno en el que las partes expongan lo que quieren de la otra, uno que construya confianza, que contribuya a la construcción de la paz y que entregue soluciones definitivas al conflicto armado colombiano. En los territorios afectados por la violencia y el conflicto no creen que se haga realidad la Paz Total, aunque las expectativas están al orden del día. Las víctimas creen que el sometimiento no es la salida, para evitar la impunidad, pero son escépticos frente a este tema, pues no visualizan a sus victimarios entregándose y pagando cárcel.
Es por ello que se debe definir un marco jurídico viable, que permita reducir las violencias armadas, que promueva el respeto por las víctimas, por las comunidades afectadas, por toda la sociedad, que defina garantías de no repetición y, muy importante, que ofrezca incentivos reales a los integrantes de estas estructuras si se quiere avanzar en la política de Paz Total.
A pesar de que ninguna norma, ni las existentes ni las pendientes de aprobación ofrecen incentivos a los no rebeldes, estas organizaciones permanecen en la mesa, optimistas de que se podrán alcanzar acuerdos que pongan fin a la confrontación interna y dar paso a una paz urbana y rural real, estable y duradera. Es alentador.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano y la Corporación para la Paz y el Desarrollo, Corpades, no apoyamos medidas desesperadas ni hacemos apología al delito, queremos la paz, que es distinto.
A.U.
