Con motivo de la candidatura de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, se ha revivido en redes sociales su pasado como militante del Movimiento 19 de Abril “M – 19”, endilgándole además la responsabilidad de muchas de las acciones bélicas adelantadas en su momento por el otrora grupo insurgente. En su defensa, se han esgrimido argumentos tales como el hecho de que el pertenecía al brazo político de dicho movimiento y que después de su desmovilización ha cumplido cabalmente con los acuerdos de paz firmados en ese entonces con el gobierno nacional, pero realmente ese no es el tema que nos ocupa hoy.
Para nadie es un misterio, que la historia de Colombia ha estado signada por la violencia, incluso desde el llamado “descubrimiento”, que no fue más que una época de exterminio físico, moral, espiritual, religioso, económico y demás, de los grupos indígenas que habitaban este territorio; posteriormente vino la gesta libertadora, las diferencias entre centralistas y federalistas, la guerra de los mil días, entre otros. En los últimos tiempos soportamos la llamada “época de la violencia”, la lucha insurgente y el surgimiento de los grupos paramilitares.
No obstante lo anterior, y producto de la manipulación de la información por parte de los grupos de poder, en Colombia el lastre de la violencia solamente lo arrastra la izquierda y se deja de lado la gran responsabilidad que le cabe a la derecha en los conflictos armados que hemos vivido como nación. Los crímenes de la izquierda armada están suficientemente ilustrados y de allí nace la sanción social que se ha impuesto no solo a quienes escogieron el camino de las armas, sino también a quienes han respetado las reglas de la democracia.
Empero lo expresado, y como ya se había manifestado la derecha parece inmune a sus actos, e incluso, aun siendo los mayores responsables de la violencia sistemática en el país, han gobernado a sus anchas y ello gracias al apoyo y a la falta de sanción social por parte de la sociedad colombiana. Prueba de lo anterior, es el siguiente recuento de los más relevantes crímenes que le son imputables a la dirigencia política y económica del país, a partir de la denominada “época de la violencia”.
En primer lugar, se calcula que la violencia partidista entre liberales y conservadores pudo generar la muerte de entre 200.000 y 300.000 colombianos, donde se cuentan crímenes execrables como masacres y muerte de recién nacidos, sólo por el hecho de pertenecer a la facción contraria; dicha violencia se dice que se inicia en 1948 con la muerte del caudillo liberal Jorge Eliécer Gaitán y terminaría alrededor de 1958, con una amnistía general para las guerrillas liberales y una fuerte ovación para los “héroes” de los ejércitos conservadores. De allí igualmente surge el “Frente Nacional”, pacto entre los dos partidos políticos tradicionales, que impide la posibilidad de desarrollo a otras vertientes políticas. A la par de lo anterior es válido recordar la existencia de la “Escuela de las Américas”, una escuela militar dirigida por el gobierno norteamericano la cual durante más de 45 años, preparó a más de 60.000 militares de 21 países de América, en violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura y la desaparición forzada.
De igual manera, hay que enfatizar en el hecho que durante las últimas cinco décadas de lucha antiguerrillera y según el Informe del Centro Nacional de Memoria Histórica frente al conflicto en Colombia, se obtienen las siguientes estadísticas: Frente a asesinatos colectivos, el 38.4% es atribuible a las AUC y el 16.8% a las guerrillas, frente al desplazamiento forzado, el paramilitarismo es responsable del 70% y las guerrillas del 15%, los paramilitares realizaron el 58.9% de las masacres y las guerrillas el 17.3% y en lo referente a las desapariciones el 41.8% se atribuye a las AUC y el 2.3% a las guerrillas, en todos los casos los demás porcentajes se distribuyen entre agentes del Estado, delincuencia común y actores no identificados. Igualmente es de resaltar, que se habla de 52 años de accionar de las guerrillas y de aproximadamente 25 de violencia paramilitar, es decir, que en solamente la mitad del tiempo de existencia de la guerrilla, las denominadas AUC cometieron cuatro veces más delitos que esta.
Igualmente, hay que traer a colación el genocidio de la Unión Patriótica, el cual según artículo publicado en el diario “El Espectador”, el día 20 de Octubre de 2014, de la redacción judicial: “Los asesinatos de los miembros de la UP en los años 80´s y 90´s fueron declarados en 2014 por la Fiscalía General de la Nación como delitos de lesa humanidad, al concluir que se trató de un plan por parte de sectores políticos tradicionales, en alianza con agentes de seguridad del Estado, narcotraficantes y paramilitares, para impedir el ascenso de movimientos de izquierda en la política colombiana”. Se calcula que fueron asesinados, 8 congresistas, 13 diputados, 70 concejales, 14 alcaldes, dos candidatos presidenciales y al menos 3500 militantes.
No pueden dejarse de lado los magnicidios de Jorge Eliécer Gaitán, Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Jaime Garzón, los desaparecidos, los falsos positivos, las ejecuciones extra – judiciales e infinidad de crímenes que continúan en la impunidad y que como se expresó al principio del texto, ni siquiera son objeto de sanción social.
Por lo anterior, es injusto que solamente una facción política cargue con la vergüenza de la violencia en nuestro país, cuando la otra facción ha generado un mayor número de víctimas y crímenes más cualificados, a lo cual hay que sumarle la intención malévola de cerrar permanentemente caminos de participación política, la exclusión social y económica y la afrente permanente a la dignidad humana.
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