¿Ejército Gaitanista de Colombia o Clan del Golfo? La Paz Total atrapada en un debate estéril
En últimas, la discusión sobre si debe llamarse Ejército Gaitanista de Colombia o “Clan del Golfo” termina siendo un reflejo de una tendencia más amplia: la de privilegiar las formas sobre el fondo.
Si alguien conoce bastante a un miembro de un actor armado legal o ilegal, es su víctima. Quien lo padece a diario sabe bien cómo se llama o cómo le dicen. Por eso, el debate sobre la denominación de esa estructura armada ilegal no solo resulta estéril, sino que distrae de lo realmente importante: la consecución de la paz
Medellín, Colombia, 17 marzo de 2026.- Hoy, desde la comodidad de oficinas, auditorios, cafés o espacios de discusión en ciudades como Bogotá, Medellín o Cali, se ha reactivado una polémica que poco dice a quienes viven bajo la presión directa de esta organización. Se discute si debe llamarse “Ejército Gaitanista de Colombia” (EGC), “Clan del Golfo”, “Casa Castaño”, “Urabeños”, “Autodefensas” o “Clan Úsuga”. Es decir, cualquier denominación parece válida, menos aquella con la que la propia estructura se ha identificado y con la que es ampliamente reconocida en los territorios en los que hace presencia.
La controversia surge a partir de la decisión de la directora del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), María Gaitán, quien ha exigido que los medios de comunicación dejen de utilizar el nombre “Ejército Gaitanista de Colombia” y retomen la denominación “Clan del Golfo”. No se trata de una simple sugerencia semántica: es una directriz que pretende incidir en la manera como se nombra a la organización armada ilegal más grande del país.
Sin embargo, esta postura plantea un problema de fondo. Resulta, cuando menos, discutible que quien ha decidido modificar su propio nombre en el ámbito personal (pasó de llamarse Claudia Valencia a María Gaitán) pretenda, desde una posición institucional, definir cómo debe ser nombrada una estructura armada ilegal que tiene una trayectoria, una evolución y una identidad construida a punta de fusil. No es apología, es la verdad y es por esa realidad que se requiere con urgencia dialogar con el EGC o combatirlo y vencerlo, y en este último se ha fallado en el intento. La discusión no es sobre la legitimidad del cambio personal, que es un derecho individual incuestionable, es su problema, sino sobre la autoridad para imponer denominaciones externas a fenómenos que tienen una realidad propia en el terreno.
Más allá de los debates académicos o institucionales, la realidad para los colombianos que sufren el accionar de esta organización —ya sea en los territorios urbanos o rurales, enfrentando la violencia cotidiana— es muy diferente. En esos lugares, donde esta estructura tiene control, no la llaman “Clan del Golfo”. Los habitantes de esas zonas la conocen como los Gaitanistas o, en algunos casos, como “los paracos”. Esta es la realidad social del lenguaje, nacida de la experiencia directa, no de las resoluciones administrativas.
Además, se trata de una organización que hoy representa el mayor desafío armado del país. Diversas fuentes, como la Fundación Ideas para la Paz e InSight Crime, coinciden en que su presencia se extiende a más de 300 municipios en al menos 20 departamentos. Su capacidad armada oscila entre 6.000 y 9.000 integrantes, entre combatientes y redes de apoyo, y su accionar abarca economías ilegales como el narcotráfico, la minería ilegal, entre otros. No es un asunto menor. Estas cifras reflejan una estructura con capacidad real de control territorial, de disputa armada, que actualmente participa en cuatro focos de confrontación del país: en la Sierra Nevada de Santa Marta contra las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (que antes eran los Pachenca), en el sur de Bolívar y el norte y nordeste antioqueño frente al Ejército de Liberación Nacional (la “organización rebelde”) y disidencias vinculadas a alias Calarcá (Alexander Díaz cabecilla del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las Farc); y en las zonas de San Juan (Chocó) y Bajo Calima (Valle del Cauca), también en confrontación con el ELN.
En cada uno de esos territorios, la denominación “Clan del Golfo” resulta ajena. Ni siquiera la propia Policía Nacional la utiliza hoy de manera consistente. De hecho, en septiembre de 2023, la institución adoptó una decisión que fue ampliamente considerada acertada: dejar de emplear ese nombre y referirse a la organización como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), en coherencia con su autodenominación. Aquella decisión no implicaba reconocimiento político alguno, sino un acto de precisión institucional y de comprensión del contexto.
El nombre “Clan del Golfo” fue, en su momento, una construcción estatal. Surgió como una fórmula para evitar estigmatizaciones regionales y familiares, luego de pasar por denominaciones como “Urabeños” y “Clan Úsuga”. Sin embargo, ninguna de esas etiquetas correspondía a la identidad que la propia estructura se atribuía. Desde sus orígenes como “Héroes de Castaño” en 2006, pasando por “Gaitanistas” y luego por AGC en 2013, la organización ha construido una narrativa propia que, más allá de su validez o intencionalidad, ha sido la que ha prevalecido en los territorios.
Hoy, en 2026, esa misma estructura intenta redefinirse como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en un movimiento que puede interpretarse como un esfuerzo por reposicionarse dentro del conflicto y en eventuales escenarios de negociación. Pero, más allá de la intención detrás del cambio, lo cierto es que el país vuelve a enredarse en la discusión sobre el nombre, como si de ello dependiera la comprensión del fenómeno.
Cabe destacar ahora el contenido del comunicado emitido por el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el que se “solicita respetuosamente a los medios de comunicación usar exclusivamente los términos institucionales y judiciales para referirse a esta organización ilegal: Clan del Golfo o GAO”, bajo el argumento de evitar la afectación de la memoria histórica y la dignidad del legado de Jorge Eliécer Gaitán. Aunque presentado en términos formales y con un lenguaje institucional, el mensaje trasciende una simple recomendación y se acerca a una directriz que pretende incidir en el ejercicio periodístico. En la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO nos preguntamos, ¿puede una entidad estatal, encargada de reconstruir la memoria del conflicto, intervenir en la manera como los medios nombran a un actor armado, especialmente cuando ese nombre hace parte de la realidad social en los territorios? El riesgo de este tipo de posturas es que, en lugar de enriquecer el debate, lo restrinjan.
¿Podría la actuación del CNMH estar cruzada por un evidente conflicto de interés? La insistencia en eliminar el término “Gaitanistas” del lenguaje público no responde exclusivamente a una preocupación técnica o histórica, sino también a la protección de un apellido con profundo peso simbólico en la política colombiana. Porque no desconocemos la figura relevante que fue Jorge Eliécer Gaitán para el país, defensor de la igualdad, la justicia social y las clases populares. La controversial postura de María Gaitán abre un debate legítimo sobre los límites entre lo institucional y lo personal. Cuando una entidad pública parece orientar su actuación hacia la defensa de un legado familiar, así sea desde la convicción de proteger la memoria histórica, se corre el riesgo de desdibujar su misión esencial: servir a las víctimas y contribuir a la comprensión del conflicto, no a la regulación del lenguaje desde intereses que pueden ser percibidos como particulares.
El debate desvía la atención de lo esencial: el poder real de esa organización ilegal, su capacidad de expansión y el riesgo que representa para la implementación de la paz total. Mientras se discute cómo llamarla, la estructura continúa consolidando su presencia, fortaleciendo sus economías ilegales y ejerciendo control sobre amplias zonas del territorio nacional.
Se estima que cerca de 22 millones de colombianos habitan en regiones donde esta organización tiene algún tipo de incidencia. Para ellos, el debate sobre el nombre carece de sentido. No necesitan que una institución les diga cómo llamarlos, porque ya conviven con esa realidad. En ese contexto, pretender imponer una denominación desde el centro del país no solo resulta desconectado, sino que evidencia una distancia preocupante entre el discurso institucional y la experiencia territorial.
En últimas, la discusión sobre si debe llamarse Ejército Gaitanista de Colombia o “Clan del Golfo” termina siendo un reflejo de una tendencia más amplia: la de privilegiar las formas sobre el fondo. La Paz Total no se construye a partir de debates semánticos, de eufemismos, sino de la comprensión profunda de los actores armados, de su poder real y de las condiciones que permiten su persistencia. Llamar a las cosas por su nombre, como en este caso, el que realmente se usa en los territorios, no es un gesto de legitimación, sino un acto de coherencia y de inteligencia.
A.U.