El Gobierno de Gustavo Petro adelanta conversaciones con 12 grupos armados ilegales del Valle de Aburrá que hacen parte de la Oficina, al igual que con las AGC, y dos grupos armados independientes. De darse la dejación de armas y un sometimiento, este proceso de paz rural y urbana sería ejemplo para otros que podrían realizarse en Colombia. Urge un cese al fuego con verificación y el inicio de los diálogos con los demás grupos.
Medellín, Colombia, 22 abril de 2023.- En noviembre de 2022, el ministro del Interior, Alfonso Prada, decía que el verdadero cambio que necesita Colombia es que no haya un solo muerto producto de la violencia y que no se acueste un solo niño con hambre.
Añadió, para entonces, que debe prevalecer el diálogo por encima de cualquier forma de violencia, “empeñar la palabra y cumplirla con la desmovilización de todas las fuentes que generan muerte y sangre”, si lo que se quiere es una solución definitiva al conflicto armado colombiano.
También dijo el MinInterior que, para construir la Paz Total y liberar al país de la guerra, “vamos a comenzar un diálogo político, porque reconocemos en la organización un estatus político, como el caso del ELN, o si se califican como una organización de alto impacto criminal, que no tienen un diálogo político, sino un acogimiento a la justicia”.
Y aseguró que la Ley de la Paz Total es el nuevo contrato social. Uno que garantizará los derechos fundamentales de la gente en el Gobierno del Cambio del presidente Gustavo Petro.
El pasado viernes 31 de marzo, Prada advirtió que la Paz Total no es para que fraudulentamente los criminales simulen legalidad mientras siguen ligados a eventos ilícitos. Agregó que para acabar con la guerra deben cesar realmente sus actividades ilegales y contribuir sin engaños a la construcción de la paz.
Las palabras del ministro Prada están cargadas de buenas intenciones. Sin embargo, es inevitable pensar que la Paz Total no va a funcionar. Así no. Es una película que ya vimos, con actores diferentes y que seguramente tendrá el mismo final.
Desde la ONG Corpades y Análisis Urbano siempre hemos pregonado que es necesaria una verdadera ley de sometimiento, que consulte la realidad social, que sea provechosa para la comunidad, que entregue beneficios a los ilegales, que les exija a estos abandonar las actividades ilícitas, con sanciones que excluyan la prisión, que los obligue a reparar a sus víctimas y a contar la verdad y que incluya penas duras para quien reincida.
El proceso de negociación conocido como Paz Total, un proyecto de ley cuyo texto fue entregado en el Congreso para su aprobación el pasado 15 de marzo, pretende que todas las estructuras ilegales depongan sus armas, pero les entrega más beneficios a unos que a otros. En el articulado se aprecia que solo a unos grupos se les otorgará estatus político y no se les castigará con prisión, mientras que a otros se les exigirá acogerse a la justicia ordinaria, confesar sus delitos, identificarse, pagar prisión, entregar el 94 % de los bienes obtenidos ilegalmente, reparar a sus víctimas y delatar a sus socios nacionales e internacionales.
Es un proceso soportado en una ley que, entre otras cosas, enviará a unos postulados a prisión y a otros no y, de seguro, así como ocurrió con la Ley 1908 de 2018 -que se anunció como la norma que acabaría definitivamente con el conflicto en el país-, fracasará. Si es más fácil para estos grupos seguir en la ilegalidad, lo harán. Son cerca de 65 agrupaciones armadas al margen de la ley que, si el diálogo no trasciende, seguirán sin problema en lo suyo.
Entre esas agrupaciones está el ELN, con presencia en 212 municipios de 22 departamentos, entre ellos Antioquia, Nariño, Arauca, Chocó y Norte de Santander, con cinco mil hombres. También las AGC, que han tenido un crecimiento del 360 % y hacen presencia en 14 departamentos -332 municipios-, con aproximadamente cuatro mil integrantes. La captura o entrega de su líder, alias Otoniel (Dairo Antonio Úsuga David en octubre de 2021 en Necoclí) no acabó con esta agrupación, como aseveró entonces el expresidente Iván Duque, por el contrario se fortaleció y ahora su cabecilla principal es Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias Chiquito Malo o Comandante Javier. Asimismo, las disidencias de las Farc, con más de 4.600 hombres. “Las autodefensas de la Sierra Nevada tienen unos 800 hombres”, dijo recientemente Danilo Rueda, comisionado de paz.
Si estas agrupaciones están integradas por más de 20.600 personas, según el comisionado Rueda, cabe preguntarse ¿cuántas cárceles habrá que construir para encerrarlos? Ese proyecto no permite una solución definitiva al conflicto y es por eso que creemos que no va a funcionar.
Tenemos que decirlo: para que no haya muertos producto de la violencia, lo menos importante es determinar si las estructuras criminales tienen o no vocación política. Aunque resulta que sí la tienen, pues son las que ejercen el poder coercitivo en sus territorios. Según el sociólogo alemán Max Weber, la política busca el poder sobre el Estado, ideología propia de las guerrillas del siglo pasado, mientras que la vocación política es tener el monopolio sobre el uso del poder coercitivo en un territorio determinado.
Las armas les dan el poder y gracias al dinero que consiguen con sus actividades ilegales, construyen centros educativos, de salud y de deporte, en los territorios que dominan. El comisionado Rueda parece estar de acuerdo con esta apreciación: “El Clan del Golfo (AGC), construye la escuela en una de sus zonas de operación, proyecto que estaba en el Plan Nacional de Desarrollo con enfoque territorial del acuerdo de paz. ¿Quién construyó el puesto de salud en los Montes de María?: el Clan del Golfo. ¿Quién construye los proyectos ecoturísticos en la Sierra Nevada? Las AUC de la Sierra Nevada. ¿Quién construye las iniciativas de sustitución de cultivos de uso ilícito? Las disidencias de las Farc”.
No en vano, aunque el ministro Prada ha reiterado que no se le entregará reconocimiento político a las AGC, el comisionado Rueda fue citado para que explique en el Congreso este 3 de mayo por qué ha decidido “dar estatus político a una serie de grupos al margen de la ley, así como la suspensión de captura”, según cuestionamiento hecho por el senador Julio César Triana, de Cambio Radical.
Los GDO y GAO son hombres armados que se dedican al narcotráfico y a la extorsión y que tienen el control militar y social de determinados territorios: esa es la definición de cualquiera de las agrupaciones de izquierda, de derecha o delincuenciales que están alzadas en armas en Colombia. Las hacen diferentes el nombre, la cantidad de hombres, su historia, su procedencia, sus procedimientos sanguinarios y la comisión de otros delitos, dependiendo de la zona y de su capacidad de ataque o respuesta militar. También, como ya se dijo, sus acciones sociales.
Dice con gran acierto la analista Elizabeth Dickinson, que “el Gobierno está intentando entablar un diálogo con grupos armados y criminales, cuando estos grupos no ven al Estado como su principal adversario en la lucha por el control territorial. Es esencial comprender esta lógica. Para un grupo armado o criminal, la violencia más útil es aquella que más asegura el control y la intimidación de los civiles… los grupos armados tratan de llegar a la mesa de diálogo con más integrantes y un mayor control territorial”. (https://razonpublica.com/la-paradoja-la-paz-total/)
El Gobierno de Gustavo Petro está a tiempo de corregir errores. En el país, estructuras como el ELN, las disidencias de las Farc y las AGC han manifestado su voluntad de diálogo. De hecho, el ELN ya está sentado en la mesa con el Gobierno. Otras 21 estructuras, entre las que se cuentan la Oficina, la Empresa, Rastrojos costeños, Movimiento Revolucionario Popular, Bloque Conquistadores de la Sierra, antiguos Pachencas y Los Caparros siguen firmes en su intención de dialogar.
Cese al fuego verificado
El 31 de diciembre pasado, el presidente Gustavo Petro anunció el decreto de un cese al fuego bilateral y temporal entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de este mismo año, con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC-, el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central y a las Autodefensas de la Sierra Nevada, como un primer paso en la búsqueda de la Paz Total.
Sin embargo, días después, las dos agrupaciones armadas con mayor presencia y poder en el país se quedaron sin cese al fuego. El ELN negó haber llegado a tal acuerdo y el 4 de enero de 2023 el Gobierno suspendió el cese al fuego con esa guerrilla. Luego, el 19 de marzo posterior, el presidente Petro anunció en Twitter que suspendía el cese al fuego con las AGC, a las que hizo responsable de los sucesos violentos ocurridos en las subregiones antioqueñas Nordeste y Bajo Cauca en desarrollo del paro minero.
No significa esto que las conversaciones también se hayan suspendido. El ELN continúa en diálogos con el Gobierno en México y con las AGC ha habido acercamientos para iniciar diálogos. La comunicación es constante y permanente, según Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, abogado que representa a las AGC en el proceso de la Paz Total.
“(Las AGC) han sido insistentes en que quieren avanzar en la Paz Total como una política de Estado. Este fue un proyecto bandera de Gustavo Petro desde que estaba en campaña a la presidencia, quiso que todos los grupos armados al margen de la ley se sumaran a la Paz Total, pero una vez elegido y en el Gobierno fue cambiando las condiciones y ahora solo quiere dialogar con algunos y con otros sometimientos”, dijo Giraldo en diálogo con La W Radio. (https://www.wradio.com.co/2023/04/03/si-es-por-la-via-del-sometimiento-aqui-no-habra-paz-total-abogado-del-clan-del-golfo/)
“Si es por la vía del sometimiento, aquí no va a ver paz total nunca, eso está claro, y las AGC lo que quieren negociación o diálogos, como los quieran llamar, pero no se van a jugar a esa ley de sujeción”, añadió Giraldo en el medio de comunicación.
Sumado a lo anteriormente dicho, debe regresar la propuesta de cese al fuego y de hostilidades, una que sea concertada entre las partes y que incluya una Comisión de Verificación y Monitoreo. Esta Comisión debe estar integrada por observadores de las partes y de la comunidad internacional, para evitar la mala información y despejar dudas.
Diálogos con estructuras del Valle de Aburrá
El Gobierno Petro adelanta diálogos con doce estructuras armadas ilegales del Valle de Aburrá que pertenecen a la Oficina (grupos armados ilegales de Bello, Medellín, Envigado y el resto del Valle de Aburrá), además, otras dos agrupaciones independientes.
Igualmente tiene acercamientos con las AGC, organización que tiene casi el dominio del municipio de Caldas y en Medellín cuentan con fuerte presencia militar en la parte alta de la comuna ocho, a través del Bloque Sierra. Asimismo, tienen hombres en el corregimiento de San Cristóbal, barrio Bolsa en Belén, comuna 16, y la parte alta del corregimiento de Altavista, concretamente en Aguas Frías.
El segundo ciclo de negociaciones de la mesa de diálogos de paz Colombia – ELN, concluyó, eso significa que se avanza con firmeza. El tema de lo urbano, que involucra al Frente de Guerra Urbano Nacional Comandante en jefe Camilo Torres Restrepo, el cual hace presencia real en la subregión del Valle de Aburrá, deberá ser tratado más adelante.
Teniendo en cuenta lo anterior, de lograrse los acuerdos y el sometimiento, este ejercicio serviría como piloto para ser implementado en otras regiones del país, pues sería la puesta en marcha de una paz urbana y rural, en la que actores del conflicto escenificado en el campo (guerrillas y paramilitares) y el que se trasladó a las ciudades (autodefensas, delincuencia y narcos) deponen sus armas y comienzan a transitar por caminos de paz y esperanza.
Estos diálogos incluyen gestos de buena voluntad que obligatoriamente deberían traducirse en un cese de hostilidades permanente, razón por la cual han disminuido las cifras de homicidios en todo el Valle de Aburrá en las últimas semanas de abril. Estas conversaciones de paz son la verdadera causa de la reducción en la criminalidad.
Para avanzar en el propósito de alcanzar una Paz Total, se requiere retroceder, corregir y flexibilizar la justicia.
A.U.
