Macaco, Don Berna, Mancuso, Sebastián, Jorge 40 e incluso antiguos jefes de la Oficina del Valle de Aburrá, podrían facilitar los contactos con estructuras del crimen organizado interesadas en hacer la paz.
Medellín, Colombia, 29 noviembre de 2022.- Congresistas y dirigentes sociales que coadyuvan en el proceso de paz total que adelanta el gobierno del presidente Gustavo Petro han tenido acercamientos con representantes de antiguos jefes paramilitares para que estos puedan ser “facilitadores de paz” con los grupos del crimen organizado interesados en un acuerdo para desmantelar sus estructuras ilegales y someterse a la Ley 2272 aprobada este mes.
Los legisladores que conocen la propuesta y que fueron consultados por Análisis Urbano señalaron que la iniciativa es “positiva” y que puede ser “de mucha utilidad” para impulsar y desarrollar un proceso de paz con los grupos armados del crimen organizado que están dispuestos a desarticular sus negocios al margen de la ley, someterse a la justicia y reintegrarse a la legalidad.
Jefes de estructuras armadas organizadas que quieren negociar la paz han manifestado a través de cartas a dirigentes sociales, congresistas y funcionarios del gobierno que la participación de antiguos jefes paramilitares en el proceso serviría para “dar certidumbre” a los diálogos y hacerlos avanzar “con fluidez”.
Jefes de estructuras armadas dedicadas al “crimen de alto impacto”, según definición de la Ley 2272, han expresado que conocen a varios de los antiguos paramilitares que hoy cumplen condenas en prisiones porque en algún momento del pasado trabajaron para ellos, y que esa circunstancia les permitiría cumplir un papel “constructivo y en favor de la paz”.
Mandos de estructuras armadas ilegales como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), Los Caparros, Los Conquistadores de la Sierra y La Oficina han señalado que quienes mejor conocen la manera en que funcionan los grupos criminales en toda su diversidad son los antiguos jefes paramilitares, y ese conocimiento “puede ayudar mucho para hablar de paz”.
La iniciativa que impulsan líderes sociales y que ha sido conocida por funcionarios del gobierno y congresistas contempla que los exjefes paramilitares se conviertan en “facilitadores de paz”, una figura que ha sido usada en forma exitosa en anteriores procesos, como el que desarrollaron el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
Los promotores de la propuesta consideran que, en su papel de “facilitadores”, los exjefes paramilitares también podrían contribuir a reducir los altos niveles de violencia que se registran en algunas regiones.
Facilitadores de la Paz Total
Un facilitador es una persona, grupo o institución que ayuda a las partes a avanzar en la consecución de acuerdos y a dar pasos que permitan construir confianza y llegar al objetivo de la paz.
Una de las fuentes consultadas señaló que “está claro que la facilitación no es para que las bandas criminales obtengan beneficios más allá de los que establece la Ley 2272 (conocida como la ley de la paz total, que aprobó el Congreso el pasado 3 de noviembre), pero sí para que el proceso pueda avanzar sin contratiempos, sin malos entendidos entre las partes y con beneficios inmediatos para la comunidad”.
La iniciativa contempla, por ejemplo, que los “facilitadores” promuevan ceses inmediatos de acciones que generen violencia en las áreas y regiones donde existan reales intenciones de los grupos criminales de llegar a un acuerdo.
Desde la firma del Acuerdo Final de Paz se han registrado 1.398 asesinatos de líderes sociales y 342 de firmantes de la paz, así como 353 masacres. Solo este año han sido asesinados 171 líderes sociales y 36 firmantes de la paz. Además, se han producido 91 masacre, más de ocho cada mes en promedio.
“Las cifras de violencia durante los primeros 100 días del gobierno de Gustavo Petro nos muestran con toda claridad que el proceso de Paz Total que propone el mandatario es una necesidad impostergable”, indica la iniciativa.
Señala que “la violencia, en general, registró un notable aumento durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022), lo que está relacionado con el desprecio que mostró el mandatario del Centro Democrático por la implementación de los acuerdos de paz con las Farc que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos”.
Los “facilitadores” también tenderían puentes para hacer consultas y diálogos exploratorios entre las partes; fomentarían los acuerdos logísticos siempre necesarios en un diálogo de esta naturaleza y serían actores clave de la etapa de maduración que precede a estos procesos.
Los nombres
Entre los eventuales “facilitadores de la paz total”, las fuentes consultadas mencionan al exjefe del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, Carlos Mario Jiménez, “Macaco”; al excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, al excomandante del Bloque Norte de esa agrupación, Jorge 40; a Diego Fernando Murillo, “Don Berna” y a Erickson Vargas “Sebastián”, que fue jefe de La Oficina de Envigado hace una década.
También mencionan a dos exjefes de La Oficina que se encuentran recluidos en cárceles colombianas y que podrían convencer a los actuales jefes de esa organización, que ya se conoce como La Oficina del Valle de Aburrá por la expansión de sus actividades, de acogerse a la Ley 2272 junto con subjefes y coordinadores que tendrían a su mando unas 500 bandas con presencia en nueve subregiones de Antioquia, según se aprecia en estos mapa:
“Estos exjefes paramilitares ya no tienen nada que perder y han dado señales de que quieren contribuir a la Paz Total de Colombia sirviendo como puentes con sus antiguos subalternos que hoy controlan una buena parte de las estructuras criminales susceptibles de someterse a la Ley 2272”, dijo un dirigente social que participa en las consultas.
Los “facilitadores” también harían propuestas de transformación positiva en los territorios en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de las comunidades, y del principio de restauración a las víctimas.
“Los extraordinarios niveles de violencia coinciden con altos niveles de marginación social y económica que deben enfrentarse integralmente junto con la paz para que esta sea perdurable”, indica la iniciativa.
Una participación de los exjefes paramilitares como “facilitadores” también contribuiría a que las élites políticas y económicas que se benefician del conflicto en las regiones jueguen un papel constructivo en este proceso, en el que su principal papel sería “impulsar el diálogo con una perspectiva de reducir paralelamente la violencia”
Los exjefes de los grupos paramilitares, que en la mayoría de los casos cumplen condenas en diferentes cárceles, “están dispuestos a hacer el papel de facilitadores y tender puentes entre la institucionalidad, el gobierno y las estructuras criminales que están interesadas en hacer la paz”, dijo uno de los abogados involucrados en ese proceso.
La experiencia internacional
La figura de “facilitador” también ha estado presente en procesos de paz como el sudafricano, a principios de los 90; el de Sierra Leona, que culminó en 2002 con el fin de la guerra civil, y los de Borundi e Indonesia a principios de este siglo.
Dos tercios de los procesos de paz que se han desarrollado en el mundo recurren a la ayuda de terceros.
De acuerdo con la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, un facilitador allana el camino para la paz entre las partes y promueve iniciativas de sensibilización e intervención en conflictos para facilitar el diálogo entre los actores.
Los exjefes paramilitares podrían cumplir esta función desde los centros de reclusión donde se encuentran cumpliendo condenas.
De acuerdo con la iniciativa, cuyo borrador conoció este medio, el único marco de la eventual facilitación sería la Ley 2272, la cual establece que se entenderán “por estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto aquellas organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas, organizadas en una estructura jerárquica y/o en red, que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles”.
Entre esas conductas “podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo, que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”, señala esa norma.
La iniciativa para que los exjefes paramilitares sean “facilitadores” señala que los acuerdos de paz y la construcción de paz son procesos complejos que requieren una mirada hacia el pasado, acciones concretas en el presente y una perspectiva de largo plazo.
“En estos procesos intervienen múltiples actores que cumplen diferentes papeles, todos complementarios, y la figura de la ‘facilitación’ puede ser muy importante para cumplir los objetivos de la Paz Total”, asegura.
Señala que, contrariamente a lo que se cree, la paz no es la ausencia del conflicto o de la guerra sino el fin de la violencia en todas sus manifestaciones, y en eso pueden ser decisivos los “facilitadores” que se proponen para el proceso de paz con los grupos armados del crimen organizado.
Un elemento importante a tomar en cuenta es que la Paz Total de Petro incluye a la guerrilla del ELN, con la que ya iniciaron los diálogos en Caracas; a las llamadas “disidencias” de las Farc, con las que ya hay acercamientos, y a los grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto.
“El proceso de paz con estos últimos es el que más lento transcurre y el gobierno necesita de facilitadores que se sumen a este esfuerzo para darle un el impulso que necesita”, dijo una de las fuentes.
La estrategia de Paz Total de Petro cuenta con el decidido respaldo de la comunidad internacional. Desde la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los gobiernos de Estados Unidos, Europa y América Latina han expresado su apoyo al gobierno de Petro en su compromiso por pactar la paz con los diferentes actores del conflicto interno.
A.U.
