Sucursales de los cárteles mexicanos provocan estallido de violencia en Ecuador

FECHA:

(La Agencia de Prensa Análisis Urbano publica este trabajo con la autorización de la revista mexicana Proceso)

Por Rafael Croda

Bogotá, Colombia, 25 octubre de 2022.- Hace unos días, sicarios que se identificaron como integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron con disparos de fusil una estación de policía en la que arrojaron panfletos con las siglas de la organización criminal que lidera Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. 

Lo insólito del atentado, que ocurrió durante la madrugada del domingo 9 de octubre y en el cual una joven teniente recibió diez tiros en el tórax, es que no se produjo en México, sino en un barrio de la suroccidental ciudad ecuatoriana de Guayaquil, cuya condición de puerto la ha convertido en un punto estratégico de la logística exportadora del narcotráfico mexicano.

El Cártel de Sinaloa fue la primera organización ilegal mexicana en irrumpir en Ecuador, donde a lo largo de las dos últimas décadas ha construido paso a paso un sofisticado entramado criminal-empresarial para distribuir cocaína colombiana a varios países del mundo.

En años recientes, también aterrizó en Ecuador el CJNG y, como en México, le comenzó a disputar la supremacía al Cártel de Sinaloa (CS). De manera paralela, ambos grupos rivales le han dado forma a un corredor de la cocaína que comienza en el sur de la vecina Colombia, principal productor mundial de esa droga, y que conecta en el sur con Perú, el segundo productor de ese estupefaciente a nivel global.

En Ecuador, los dos mayores cárteles de México no libran una guerra implacable como la que protagonizan en México.

Los que están enfrentados a muerte son los grupos ecuatorianos del narcotráfico que trabajan para ellos: Los Choneros, que comenzaron a operar para el CS desde las épocas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y Los Tiguerones, que están a las órdenes de la organización de “El Mencho”.  Unos y otros reciben armas y pertrechos de guerra de sus socios mexicanos.

Y esto se traduce, para Ecuador, en un infierno. El país vive este año un estallido de violencia criminal que produce expresiones de terror cada vez más atroces –como cadáveres colgando de un puente, atentados explosivos y asesinatos de niños en medio de los enfrentamientos– y que tiene como principales actores a las bandas que arman y financian los cárteles mexicanos.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, ha dicho que su país se enfrenta “a los más grandes carteles de la droga del mundo” y el pasado domingo 9 afirmó que el crimen organizado trasnacional es “la primera amenaza en contra del Estado”.

Lasso dijo esto en Guayaquil, horas después del ataque de supuestos miembros del CJNG a una estación de policía. Los panfletos encontrados en ese sitio contienen el lema “MUERTE O MUERTE A CADA POLICÍA QUE ESTE ABUSANDO DE SU UNIFORME” y una nota al calce: “ATT: EL CJNG”. 

        De acuerdo con analistas de inteligencia y con reportes de agencias de seguridad extranjeras consultados por Proceso, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han convertido a Ecuador en un centro logístico para el tráfico internacional de cocaína y sus “franquicias” locales, principalmente Los Choneros y Los Tiguerones, se disputan el control territorial de las rutas de la droga.

Estas bandas y sus múltiples cédulas de sicarios, que han convertido a las cárceles ecuatorianas en escenarios de batallas en las que han muerto más de 400 internos en los últimos 20 meses, son las principales responsables del alza de la violencia en Ecuador, donde los homicidios han crecido 117% durante los primeros nueve meses de este año con respecto al mismo periodo de 2021.

De acuerdo con proyecciones del decano de la Escuela de Seguridad y Defensa del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Daniel Pontón, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes llegará este año a 22.5 en el país, lo que implica un crecimiento de 281% en comparación con la de 2017.

“Tenemos una explosión pandémica de violencia y cifras de homicidios que son inéditas en la historia del país. Hay niveles de crueldad que nunca se habían visto y, obviamente, el narcotráfico, los carteles, son un catalizador de esta violencia”, dice Pontón.

Holdings

Según informes de inteligencia, los cárteles mexicanos operan en Ecuador con “sucursales” o “franquicias” que están integradas a sus holdings (matrices empresariales) y que se encargan de asegurarles que el negocio de la cocaína se desarrolle de manera fluida, sin contratiempos.

Los Choneros y sus células de sicarios Las Águilas y Los Fatales trabajan para el Cártel de Sinaloa, mientras que Los Tiguerones, Los Chone Killers, Los Lagartos y Los Lobos, lo hacen para el CJNG.

        La excoordinadora general de Inteligencia de Ecuador, Carolina Andrade, dice a este semanario que los cárteles mexicanos funcionan en el país con una lógica empresarial en la que “tercerizan” y delegan sus operaciones en esas bandas, a las que coordinan y supervisan con “gerentes” enviados desde México, como si fueran ejecutivos de la Coca-Cola y la Pepsi-Cola.

        Señala que las estructuras de Los Choneros y Los Tiguerones, que incluyen a criminales, a integrantes de las fuerzas del orden y a delincuentes de cuello blanco, se encargan de la instrumentación del proceso logístico que se necesita para transportar la cocaína desde la frontera con Colombia y embarcarla hacia los principales mercados.

        “Básicamente es una lógica de comercio internacional en la que ellos (los enviados de los cárteles mexicanos) coordinan a las bandas locales para el transporte y acopio de la droga en condiciones de seguridad, su llegada a los puertos y la ‘contaminación’ (de contenedores o barcos pesqueros con esos cargamentos) para enviarla a los diferentes mercados”, indica la maestra en ciencia política de la Universidad de la Sorbona en París.

De acuerdo con Andrade, esto es parte del proceso logístico que tiene que cumplir a cualquier empresa exportadora. En este caso, los delegados mexicanos controlan la cadena de suministro a través de su poder económico, del aprovisionamiento de armas y de su capacidad para decidir a qué grupo criminal le otorgan su “franquicia” en Ecuador.

 Esta capacidad de los cárteles mexicanos de decidir con quién se asocian, dice la experta en inteligencia, es clave dentro de las disputas que hay entre las bandas ecuatorianas.

Esto, explica, porque las bandas que controlen más territorios, las que tengan más poder de intimidación y mayor penetración en las fuerzas policiales y militares, serán las que mejor se posicionen con los holdings trasnacionales de la droga (CS y CJNG) y con sus “sucursales” ecuatorianas Los Choneros y Los Tiguerones, que a su vez compiten por el control de la logística de exportación.

 “La legitimidad y la fuerza que les otorgan a estas bandas las organizaciones externas les sirven para respaldar su operación interna”, asegura.

Diversificación de mercados

El corredor estratégico que han construido en Ecuador los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación les ha permitido abrir nuevas rutas hacia Estados Unidos, su mercado tradicional, y hacia otros destinos más lejanos y lucrativos, como los europeos y los asiáticos, muchas veces en alianza con otros grupos foráneos, como el Clan del Golfo de Colombia, la Mafia Albanesa y el Cártel de los Balcanes.

Las principales operaciones de los cárteles mexicanos en Ecuador se concentran en las provincias de Esmeraldas (colindante con Colombia), Manabí y Guayas. Las tres demarcaciones geográficas corren de norte a sur por el litoral Pacífico ecuatoriano y es en ellas, precisamente, donde se registran los más altos incrementos de la violencia.

Guayaquil, la capital de Guayas, tiene uno de los mayores puertos del Pacífico y los principales destinos de las exportaciones que salen en contenedores marítimos de ese sitio son Estados Unidos y Europa. Los operadores de los cárteles mexicanos se encargan de “contaminar” con cocaína los buques mercantes que zarpan de allí.

En Esmeraldas, donde los servicios de inteligencia extranjeros han detectado presencia de mexicanos que adquieren propiedades y tramitan la nacionalidad ecuatoriana para blindarse de la extradición, el índice de homicidios por cada 100 mil habitantes llegó a 48.7 el mes pasado, más del triple de la media nacional y una tasa superior a la de ciudades latinoamericanas como San Pedro Sula y Culiacán.

        En Manabí, los cárteles mexicanos controlan pistas clandestinas desde las cuales envían la droga en avionetas a Centroamérica y México a fin de introducirla, desde ahí, a Estados Unidos. También la embarcan en botes pesqueros.

Y en Guayas, cuya capital es el puerto de Guayaquil, utilizan barcos camaroneros y abrieron una ruta para enviar cargamentos de cocaína a Europa, Asia y Norteamérica en contenedores marítimos.

        Para esto, aprovecharon el Tratado de Libre Comercio Ecuador-Unión Europea, vigente de 2017 y el cual ha hecho crecer en 40% las exportaciones ecuatorianas a ese mercado, la mayor parte de las cuales salen del puerto de Guayaquil, donde la policía solo alcanza a revisar el 10% de los contenedores.

La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, cataloga la creciente actividad del narcotráfico en esa pujante ciudad porteña como “una invasión”. El pasado domingo 9, ante el presidente Guillermo Lasso, ella dijo que el país “está siendo engullido por una ola de delincuencia sin precedente” y que su ciudad “está en la primera línea de esa guerra”.

        La madrugada de ese día, en el que se conmemoró el 202 aniversario de la Independencia de Guayaquil, fue cuando por dos sicarios que se proclamaron como integrantes del CJNG atacaron con armamento de calibres .223 y 9 milímetros una estación de policía en un populoso sector de esa ciudad, donde hirieron de gravedad a la joven teniente Verónica Songor.

“Es el mismo libreto, exactamente el mismo libreto que han vivido otros países”, dijo Viteri al referirse a ese hecho, a los atentados explosivos y a los cadáveres que han aparecido colgados en puentes en esa ciudad, como en México. Durante los primeros nueve meses de este año los homicidios en Guayaquil han amentado en 125% con relación al mismo periodo de 2021.

Carta de naturalización

Esmeraldas es un enclave del CS y del CJNG por ser una provincia limítrofe con Colombia y porque la porosidad y la espesa selva de esa frontera permiten a esas organizaciones delictivas concentrar en esos sitios alijos de cocaína que transportan desde Nariño para sacarla después, en lanchas rápidas o barcos pesqueros, hacia el norte del continente.

Un reporte de inteligencia conocido por este semanario indica: “Se cuenta con información que permite establecer que los narcotraficantes mexicanos están ingresando al país ecuatoriano (sic) para adquirir propiedades de gran avalúo comercial, principalmente en la ciudad de Esmeraldas”, capital de la provincia del mismo nombre.

De acuerdo con el informe, elaborado por una agencia extranjera, enviados del CS y del CJNG también adquieren propiedades en la provincia ecuatoriana de Manabí, que colinda con Esmeraldas hacia el sur.

“Ecuador se ha convertido en un punto estratégico para estas organizaciones criminales, toda vez que (ese país) no cuenta con un tratado de extradición vigente con el gobierno de los Estados Unidos”, señala.

La ausencia de ese tratado se debe a que la Constitución de Ecuador prohíbe la extradición de connacionales, lo que es un escudo de protección para los delincuentes ecuatorianos involucrados en el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

Por ello, según el informe consultado, “se ha establecido que miembros de los carteles Sinaloa y Jalisco Nueva Generación que ingresan a Ecuador solicitan la nacionalidad ecuatoriana y acceden (a ella) fácilmente porque previamente han adquirido propiedades con las que muestran solvencia económica”.  

Al naturalizarse ecuatorianos, los enviados mexicanos de esos cárteles están a salvo de ser extraditados a Estados Unidos.

En cambio, Ecuador sí extradita a los extranjeros. En febrero pasado, por ejemplo, entregó a Estados Unidos al presunto enviado del Cártel de Sinaloa, Brayan Alberto Rodríguez Alcalá, quien enfrenta cargos por narcotráfico en una corte de distrito del sur de California.

La guerra sin fin

La presencia de las organizaciones mexicanas del narcotráfico en Ecuador no es nueva. El exgobernador de la provincia de Manabí, César Fernández, ha estado preso por traficar cocaína para el Cártel de Sinaloa, al igual que el capitán de Inteligencia del Ejército, Telmo Castro, quien fue asesinado en 2019 en la Penitenciaría del Litoral, ubicada en Guayaquil.

Lo que sí es más reciente, es la irrupción del CJNG en el país y la construcción, por parte de este cártel y el de Sinaloa del corredor transfronterizo que comienza en Colombia, pasa por Ecuador y conecta con Perú, el segundo productor mundial de cocaína.

Y también es nueva la espiral de violencia que se observa este año y que parece emanar de las prisiones, donde se encuentran los principales líderes de Los Choneros, los socios del CS, y de Los Tiguerones, los aliados del CJNG.

Solo este mes, dos enfrentamientos de estas bandas y sus células de sicarios en las cárceles de Cotopaxi y El Litoral dejaron 29 muertos, que se sumaron a los 75 decesos que ya se habían registrados entre abril y julio pasados en las prisiones de Turi y Santo Domingo por estas riñas a bala y a cuchillo en las que los reclusos proclaman su adhesión a los cárteles de Sinaloa o de Jalisco Nueva Generación, según sea el caso.

Entre el 23 de febrero de 2021 y el pasado 5 de octubre, se han registrado 13 masacres en las cárceles ecuatorianas que dejaron 402 muertos, la cifra más alta de cualquier país en ese lapso.

Los reclusos que se enfrentan suelen improvisar pancartas en las que pintan banderas mexicanas y leyendas del Cártel de Sinaloa o del CJNG, lo que haría suponer que los dos mayores cárteles mexicanos habrían extendido su conflicto hasta el país sudamericano.

Esta hipótesis es rebatida por expertos en seguridad como Carolina Andrade y Daniel Pontón, quienes consideran que la participación de las organizaciones criminales mexicanas en la violencia carcelaria y en la que se vive en las calles del país es indirecta, a través de los vínculos de negocios que tienen con las bandas en disputa y de las transferencias de armas y dinero a cambio de sus servicios.

Andrade sostiene que los cárteles mexicanos son “actores indirectos” de la espiral de violencia que registra Ecuador y que también se produce, por parte de las bandas locales, una ostentación de sus alianzas con esas organizaciones trasnacionales para mostrar fuerza.

Pontón señala que las bandas ecuatorianas proclaman “ser parte de un gran cartel internacional porque eso les da mucho poder e infunde temor entre sus enemigos y entre la población.

Dice que, además, se observa una influencia de la “narcoestética” mexicana a través de la música, de canciones de hip-hop que hablan de “proezas” mafiosas y de fusiles pintados de dorado, como los que han exhibido algunos capos del CS y del CSNG.

Esta “narcocultura” también incide en los ciclos de violencia. Este año, en Ecuador han sido asesinados tres fiscales que llevaban casos de narcotráfico. En agosto pasado, en un barrio de Guayaquil se produjo un ataque con explosivos que dejó cinco muertos, 17 heridos y una decena de casas destruidas. El objetivo era un jefe de Los Tiguerones conocido como alias “Cucaracha”, quien resultó herido.

Una guerra como la de Caderón

El presidente Lasso, un banquero conservador, ha decidido enfrentar la violencia con el discurso de la guerra, tal como lo hizo en México el mandatario derechista Felipe Calderón en el periodo 2006-2012, cuando los homicidios en ese país crecieron en más de 100 por ciento con respecto a los que se registraron en el sexenio de su antecesor, Vicente Fox (2000-2006).

Pontón señala que es “una torpeza” de Lasso enfrascarse en ese discurso belicista, tan propio de la derecha, porque nadie ha podido ganar la guerra antidrogas, tal como lo muestra el caso mexicano.

Andrade, quien fue funcionaria de área de inteligencia durante el gobierno de Rafael Correa (2007-2017) y hoy asesora a fuerzas policiacas extranjeras en esa materia, dice que Ecuador está pagando los costos de haber desmantelado desde 2018 organismos de seguridad que funcionaban y habían acumulado muchos años de conocimiento en perseguir al crimen.

También, asegura, se ha reducido de manera sensible el presupuesto del área de seguridad. Se han visto escenas de policías empujando sus desvencijadas patrullas y se conocen casos en los que tienen que poner sus recursos para comprar gasolina. 

Lasso atribuye el desbordamiento de la violencia al alza de los decomisos de cocaína, que llegaron a las 210 toneladas en 2021 y que este año ya ascienden a 114 toneladas. Pero esta explicación no convence a los expertos en seguridad, quienes atribuyen el aumento de los decomisos a la mayor producción de esa droga en Colombia y Perú.

Colombia, por ejemplo, ha decomisado cantidades récord de cocaína, con 669 toneladas en 2021 y 425 toneladas este año, sin que eso se hubiera traducido en un aumento exponencial de los homicidios.

Lasso plantea soluciones que suenan muy familiares en México. El presidente ecuatoriano proyecta realizar una consulta popular en los próximos meses en la que una de las preguntas es: ”¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado?”

También preguntará a los electores si están de acuerdo en permitir la extradición de ecuatorianos “que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional”. De ser aprobada en las urnas esta modificación constitucional, se eliminaría el incentivo que según reportes de inteligencia tienen los enviados de los cárteles mexicanos para naturalizarse ecuatorianos.

PROCESO

RC 

COMPARTIR NOTICIA:

Síguenos en redes

145,000FansMe gusta
3,100SeguidoresSeguir
18,400SeguidoresSeguir
21,388SeguidoresSeguir
21,600SuscriptoresSuscribirte

Muro de Facebook

Popular

Más Noticias