Explicó además que luego de terminada la relación, la señaló como prostituta entre el gremio de conductores con los cuales el hombre trabajaba, razón por la cual empezó a recibir llamadas obscenas.
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En la misma decisión judicial, fue afectado con medida de aseguramiento intramuros, por los delitos de secuestro y tortura, Santiago Santamaría Murillo, por hechos ocurridos en agosto de 2018, cuando varios hombres armados se llevaron por la fuerza al empleado de una ferretería, a quien le habrían infringido quemaduras con un soplete para que entregara la suma de un millón de pesos en efectivo.
Entre los capturados figuran dos exconcejales del municipio de Barbosa. A todos se les imputarán cargos por concierto para delinquir con fines de estafa, en concurso con hurto.
Los procesados fueron capturados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación, la tarde de este lunes 10 de diciembre, a las afueras del hospital donde permanece recluido el menor, bajo pronóstico reservado. Ni la madre del menor, ni su padrastro, se allanaron a los cargos que por tentativa de homicidio agravado les imputó un fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas).
Las evidencias indicarían que, en algunas oportunidades, los tratamientos médicos eran importados por farmacias reconocidas de la Costa Atlántica, por lo que la Fiscalía investiga la eventual complicidad de algunos funcionarios que habrían permitido el desvío de las medicinas para su uso ilícito.
De acuerdo con la investigación adelantada de manera conjunta por el Cuerpo Técnico de Investigación y la Sijín de la Policía Antioquia, desde hace algún tiempo víctima y victimario tenían problemas personales.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación Seccional Medellín hallaron en una de las ventanas del inmueble una huella dactiloscópica, la cual fue sometida a cotejo de lofoscopia y coincidió con el pulgar izquierdo del supuesto agresor. En la cocina también se encontraron la ropa y los tenis ensangrentados del supuesto victimario.
El procesado, capturado por el Cuerpo Técnico de Investigación este 16 de noviembre, no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la unidad de vida por los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego agravada.
La Fiscalía General de la Nación estableció además que los estudios de factibilidad y de necesidad no fueron idóneos y que la unión temporal con la que se firmó el convenio, no contaba con el respaldo financiero ni la experiencia necesaria para su ejecución.
La Fiscalía estableció que por medio de algunos internos que gozaban de permisos hasta por 72 horas, Méndez Cedeño, adscrito a la Sección de Pagaduría de la Cárcel Nacional Bellavista, recibía de manera directa dineros que debían ser consignados a la cuenta oficial del Inpec por parte de las familias de unos 50 reclusos.