A poco menos de dos meses de que se realicen los comicios locales para elegir gobernadores, alcaldes, diputados y concejales,…
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Entre tanto, la senadora citante Aída Avella (Lista Decente) dijo que «el feminicidio en el país no es cuestión de cifras, sino que se requiere humanizar todas las entidades. Ya tenemos suficientes leyes y estas no funcionan. Necesitamos darles herramientas para que ellas produzcan, cuando logremos que las mujeres tengan trabajo, autonomía económica, entonces lograremos su independencia y empoderamiento. Ellas deben tener para responder a sus necesidades».
Por primera vez, un Plan Nacional de Desarrollo incluye a los océanos como una región propia del territorio colombiano. Esto significa reconocer, de forma integral, el potencial estratégico y de desarrollo que tienen las áreas oceánicas en el Atlántico y en el Pacífico.
Asimismo, exigieron al Gobierno nacional tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país, así como el de todos los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran expuestos a actos de violencia por su trabajo en favor de la defensa de los derechos de todos.
Cerca del 85 % del territorio colombiano está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estas características geográficas propician condiciones climáticas epidemiológicas aptas para la reproducción de distintos tipos de vectores.
«Con los testimonios de la familia y de la pequeña víctima estamos recopilando los elementos probatorios suficientes, que nos permitan ubicar y privar de la libertad al responsable de este hecho lamentable», manifestó el mayor Aldemar Hernández, director de la Policía de Infancia y Adolescencia.
Como resultado de las diligencias judiciales ejecutadas durante la jornada judicial contra la violencia a la mujer, los jueces de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía, impusieron medidas privativas de la libertad a 552 de los procesados y otorgaron 68 medidas de protección a las víctimas, que les permitirán estar a salvo de sus agresores.
En las alertas se advirtió sobre los desplazamientos masivos, los homicidios selectivos, la vulnerabilidad de las comunidades afro e indígenas, que en muchas zonas se encuentran confinadas, y el peligro que corren los líderes sociales.
El representante del ente acusador destaca que la permanencia prolongada de reclusos en estos centros de paso “ha generado una grave situación de inseguridad y salubridad, que pone en riesgo la integridad de tanto de los internos como de los servidores de la Entidad. Esto, sumado al ya conocido caso de fuga masiva ocurrida en la URI de Kennedy (Bogotá) y la compleja situación en Medellín (Antioquía)”.
Maritza Quiroz era reclamante de tierras y lideraba diversos procesos sociales en defensa de los Derechos Humanos de los campesinos y las personas más vulnerables. Participó de la firma del pacto de Santa Marta y era muy activa en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial -PDET- del Acuerdo Final de paz.