Como se recordará, desde el 10 de marzo estas acciones de vías de derecho se vienen realizando en coordinación con el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, el Consejo Regional Indígena del Huila – CRIHU, el Consejo Regional Indígena de Caldas – CRIDEC, organizaciones sociales y procesos populares.
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Luis Fernando Arias, Consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, dijo que deben de existir verdaderas garantías para continuar con la minga al recordar que desde que se firmó el Acuerdo Final de Paz, han sido asesinados 117 líderes indígenas, 61 de los cuales se registraron, luego de que asumiera en 2018 la Presidencia de la Republica, Iván Duque Márquez.
Luego de la explosión, el Ministerio de Defensa informó que los indígenas no permitieron que el CTI y la SIJIN realizarán las labores de exploración técnica.
Aunque las autoridades hablan de una presunta indebida manipulación de explosivos, la comunidad indígena refiere que se trató de un atentado, tal vez con una granada u otro artefacto. La certeza la darán los resultados de los estudios realizados tanto en el lugar de los hechos como en los cadáveres de las víctimas, que fueron trasladados a la sede de Medicina Legal en la ciudad de Cali.
Diana Sánchez, directora de la Asociación Minga, explicó al respecto: “las plataformas firmantes de este comunicado no sabíamos del nombramiento del general Barrero y somos nosotros los que hemos venido trabajando en un proceso nacional de garantías que empezó en el gobierno anterior. Ese trabajo tiene unos acumulados importantes que este gobierno desconoció”.
En el ataque resultaron gravemente heridos el gobernador y su esposa. La Onic pidió a los organismos del Estado y a instancias internacionales una comisión de verificación urgente en la zona.
Por tal razón, la Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad al líder indígena, que no lo acompañaba en el momento del ataque sicarial, situación que es investigada por la Fiscalía.
En la sede de la Personería de Bogotá, los diálogos, hacia el restablecimiento de los derechos, culminaron cerca de las 7:00 p.m. de este jueves 15 de noviembre entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Indígena Embera Katio – Eyabida, Dóbida, Wounaan y Zenú de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién del Chocó
En la reunión de este martes participan por parte del Gobierno Nacional las siguientes instituciones: Subdirector de Seguridad y Convivencia, Directora de asuntos afro, Asesores de la dirección de Asuntos indígenas y asesores del Ministerio del Interior; Dirección de DDHH del Ministerio de Defensa; Dirección de Asuntos Étnicos y Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Mayor de Bogotá; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF; Personería de Bogotá. Delegados del Alto Comisionado para la Paz, y delegado de la Dirección de DDHH de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Cabe destacar que en los departamentos donde más se presentaron homicidios fueron en Cauca (18), Antioquia (18) y Norte de Santander (11).