Alias Gárgola quedó en libertad porque, al parecer, habría pagado $100 millones a las Farc para hacerse pasar como integrante del frente 48 dentro del proceso de paz, pero “se hizo la investigación correspondiente para demostrar que él no era integrante de las Farc, era cabecilla de una estructura dedicada al narcotráfico”. Según las autoridades, La Constru tenía alianzas actualmente con las disidencias del frente 48 de las Farc para “mantener el monopolio criminal”, por ejemplo, en el narcotráfico en toda la región.
Categoría: Putumayo
La Corte le dio la razón a Ramírez en que más allá de calificar su riesgo como ordinario o extraordinario, la UNP debió tener en cuenta el contexto en el cual se desempeña. En ese contexto se debe verificar el perfil del periodista, el contenido de la información que difunde y la región en la que trabaja.
La Asociación Minga rechazó estos hechos “que atentan contra el legítimo derecho a la movilización social, y profundiza la grave crisis de este territorio donde el Estado colombiano no da garantías a sus pobladores para iniciar un efectivo proceso de sustitución de cultivos de usos ilícito”.
El grupo ilegal firmante (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo FARC-EP), se define como una “organización revolucionaria que lucha y defiende los derechos del pueblo, ante los atropellos de la oligarquía colombiana, para así brindar a todos una Colombia justa”.
Estas comunidades mingueras junto con las autoridades tomaron la decisión de accionar en el marco de las vías de derecho para reflexionar y analizar de fondo las diferentes problemáticas que los aquejan dentro de los territorios, no solamente a los pueblos indígenas sino a las organizaciones sociales y procesos populares del país.
Cerca del 85 % del territorio colombiano está situado por debajo de los 1.600 metros sobre el nivel del mar. Estas características geográficas propician condiciones climáticas epidemiológicas aptas para la reproducción de distintos tipos de vectores.
Con alias Rodrigo Cadete fueron abatidos otros 9 guerrilleros, además de varias capturas practicadas y del decomiso de abundante material de guerra, entre fusiles, radios, computadores, comida y otros pertrechos, informó el Ministerio de Defensa.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
Arnault destacó que “de cara a esta visión, la de una reincorporación acelerada, el Alto Consejero tiene entre sus capacidades, ser miembro del Consejo Nacional de Reincorporación, integrar la Mesa Técnica de Seguridad, hacer parte de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación (CESIVI), donde se lleva a cabo un diálogo sobre temas de la implementación”.
Los procesados no aceptaron los cargos imputados por un fiscal seccional de administración pública por delitos como concierto para delinquir, fraude procesal, falsedad en documento público, estafa agravada, cohecho propio, uso de documento público falso.