En los últimos días se han presentado dos acontecimientos de reclamación de derechos laborales en dos gremios bastante diversos, convirtiéndose en hechos de relevancia nacional por las implicaciones de los mismos. El primer suceso se presentó con el paro de los pilotos de Avianca que terminó gracias a la oportuna y eficiente intervención del Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, quien sin vulnerar los derechos de los pilotos agremiados en la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) logró que estos volvieran a sus labores habituales y cesaran así los perjuicios de miles de colombianos que utilizan de manera habitual el servicio aeronáutico.
No obstante, durante el cese de actividades de los pilotos se escucharon diferentes voces, algunas a favor y otras en contra, incluso, se hizo viral en redes sociales el comunicado de una profesional de la salud quien criticaba fuertemente a los pilotos y controvertía los argumentos que estos esbozaban en defensa de su lucha sindical. Dicho comunicado recibió el apoyo por parte de miles de ciudadanos que consideraban exageradas las exigencias de los aviadores, ya que, según ellos, estos últimos gozan de condiciones laborales envidiables y que se encuentran muy por encima de las de la gran mayoría de trabajadores en nuestro país.
De otro lado, una situación similar se está presentando con los jugadores profesionales de fútbol, quienes a través de la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), de su director Carlos González y de algunos jugadores de los equipos más representativos del fútbol en nuestro país, han manifestado su inconformidad por el alargue del torneo —que inicialmente estaba programado para finalizar el próximo 10 de diciembre— y según comunicado de la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) se prolongará por lo menos hasta el día 17 del mismo mes, como consecuencia de la participación del equipo Junior de Barranquilla en la copa Suramericana y, casualmente, al paro de pilotos de Avianca. La Asociación y sus afiliados futbolistas alegan que muchos de ellos ya tenían programadas las vacaciones con sus familias y que por lo tanto solo jugarán hasta el 10 de diciembre, lo que obligaría a los equipos a jugar las finales con sus equipos juveniles.
Y ahí «fue Troya». La Dimayor, los dirigentes de los equipos, los periodistas deportivos y los apasionados hinchas se han ido «lanza en ristre» contra los asalariados del deporte de multitudes; epítetos como «traidores», «vagos», «sinvergüenzas», «cínicos», «intrigantes», por mencionar solo algunos pocos, no se han hecho esperar, pero lo que es más grave aún, con absoluta certeza, de presentarse la ausencia de los jugadores profesionales en las finales del torneo colombiano, las amenazas por parte de las denominadas «barras bravas» en contra de los futbolistas, serán una realidad. Al igual que con los pilotos que estuvieron en paro, a los futbolistas les enrostran que sus condiciones laborales están muy por encima de la de la mayoría de nuestros connacionales.
Lo anterior debe llevar a cuestionarnos: ¿acaso los derechos laborales no son inalienables e irrenunciables, según nuestra propia Constitución Política?, ¿por qué tendrían que renunciar a ellos algunos trabajadores, simple y llanamente por su condición privilegiada? En realidad, lo que se observa no es más que una condición casi innata de sometimiento al poder económico; nos acostumbramos a que quien tiene el dinero impone las condiciones y, mientras tanto, la esencia de la dignidad humana se diluye en el formalismo jurídico y en la retórica de los factores reales de poder. Nos habituamos a la pauperización del trabajo y para todo aquel que se levanta en defensa de sus sagrados derechos laborales, en la mayoría de las ocasiones, su lucha se convierte en un grito en el desierto de la indiferencia colectiva.
Es necesario, entonces, una mayor concientización de la clase asalariada independientemente de su estatus; la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores no puede limitarse a los sectores más vulnerables, pero, igualmente, aquellos empleados que gozan de unas mejores condiciones laborales, no pueden ser ajenos a la deplorable situación que vive la gran mayoría de los obreros en nuestro país, quienes deben sobrevivir con un salario mínimo y, en muchos casos, no gozan ni siquiera de la garantía de los mínimos legales. La tarea es precisamente lograr la dignificación de todas las profesiones y oficios, de manera que ningún ser humano se vea en la necesidad de vender su fuerza de trabajo en condiciones cercanas a la explotación e incluso con visos de esclavitud.
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