Abogado Ricardo Giraldo pide investigar amenazas contra periodistas en Urabá y no apresurarse a atribuir responsabilidades al EGC
Por esta razón, hacemos un llamado respetuoso pero firme al próximo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que preserve, garantice y fortalezca estos canales de conversación sociojurídica.
Medellín, Colombia, 3 agosto de 2026.- La libertad de prensa constituye uno de los pilares insustituibles sobre los cuales se sostiene cualquier sociedad genuinamente democrática. Allí donde un periodista es intimidado, silenciado o coaccionado por investigar asuntos de interés público, no solo se pone en grave riesgo la integridad física y la vida de quien informa, sino que se asesta un golpe directo al derecho fundamental de toda la ciudadanía a conocer la verdad. Por ello, las recientes amenazas denunciadas contra periodistas en el Urabá antioqueño imponen un rechazo categórico, sin matices ni vacilaciones, y exigen un esclarecimiento urgente por parte de las autoridades competentes.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) ha cumplido rigurosamente con su deber constitucional y civil al alertar al país sobre la gravedad de estos episodios y al demandar medidas inmediatas de protección para los comunicadores afectados. La reacción oportuna de las instituciones que velan por la libertad de expresión merece el reconocimiento de la sociedad, pues la defensa del periodismo libre no admite cálculos políticos, conveniencias temporales ni sesgos ideológicos. Ninguna diferencia conceptual, ninguna investigación sobre la gestión pública y ningún escenario de conflicto armado pueden utilizarse jamás para justificar la persecución o la intimidación contra quienes ejercemos la labor de informar.
El escenario en el que se producen estos hechos no es menor. Según los registros de la propia FLIP, entre el 1 de enero y el 1 de agosto del presente año se han documentado 45 agresiones contra periodistas en el departamento de Antioquia. Esta cifra ubica a la región en el primer lugar a nivel nacional en materia de ataques contra la prensa, un indicador alarmante que refleja la persistencia de dinámicas de violencia que buscan acallar el control social sobre las instituciones locales y regionales.
Las denuncias conocidas en los últimos días señalan que, el pasado 31 de julio, cuatro periodistas de la subregión del Urabá antioqueño fueron víctimas de intimidaciones sistemáticas mediante llamadas telefónicas, mensajes transmitidos a través de intermediarios e incluso abordajes presenciales. Según la FLIP, las personas que ejecutaron las amenazas se identificaron explícitamente como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y exigieron de forma imperativa el cese inmediato de las publicaciones periodísticas vinculadas a presuntas irregularidades en la Secretaría de Movilidad del municipio de Apartadó.
Entre los periodistas afectados se encuentran Cristian Salas, del medio Noticias El Boom; integrantes del equipo periodístico de Voces de Urabá; y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias, Darién TV y además corresponsal de la FLIP en la región.
La FLIP enfatizó en su pronunciamiento que no es la primera vez que los comunicadores que abordan investigaciones sobre la administración y las actuaciones de la Secretaría de Movilidad de Apartadó sufren agresiones o presiones indebidas. La recurrencia de estos patrones revela un intento deliberado por sofocar el escrutinio público en temas de alta relevancia local. Por estas razones, la organización solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con la máxima urgencia el nivel de riesgo de los periodistas amenazados para implementar esquemas de seguridad efectivos, al tiempo que instó a la Fiscalía General de la Nación a avanzar con celeridad en la identificación y judicialización de los responsables materiales e intelectuales.
Respuesta del abogado del Estado Mayor del EGC
El compromiso irrenunciable con la defensa de los periodistas no debe eclipsar otro principio fundamental del Estado Social de Derecho: la necesidad de actuar con absoluto rigor procesal e imparcialidad judicial. Una denuncia, por grave y urgente que sea, representa el punto de partida de un proceso de investigación criminal, más no la prueba sumaria ni la atribución automática de una responsabilidad penal o institucional.
En este contexto cobra relevancia el pronunciamiento oficial emitido por el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, quien actúa como apoderado del Estado Mayor Conjunto del EGC en el Espacio de Conversación Sociojurídica. Lejos de desestimar o minimizar la gravedad de las denuncias, el jurista reconoció explícitamente que cualquier acto de intimidación contra quienes ejercen el periodismo es un hecho grave e inadmisible. Recordó que los comunicadores son personas civiles protegidas por el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y que su labor resulta imprescindible para la deliberación democrática.
Asimismo, el apoderado sostuvo que la simple utilización del nombre, las siglas o los símbolos del EGC en una comunicación intimidatoria no demuestra, por sí sola, la responsabilidad institucional de la organización. Corresponde a la justicia penal determinar mediante peritajes y pruebas si quien contactó a los periodistas forma parte activa de la estructura armada o si, por el contrario, usó su nombre de forma fraudulenta para favorecer intereses particulares o de terceros ajenos al proceso.
El apoderado recordó también que, conforme a la Declaración de Doha suscrita el 18 de septiembre de 2025, el EGC asumió compromisos verificables de respeto al DIH y a los Derechos Humanos, por lo cual cualquier agresión a periodistas, líderes sociales o servidores públicos resulta francamente incompatible con los acuerdos alcanzados. Según la representación legal, la organización adelantará verificaciones internas para determinar si algún integrante incurrió en dichas conductas -lo que acarrearía sanciones de carácter interno-, al tiempo que solicitó que la Fiscalía investigue con independencia la autenticidad, origen y autoría de los mensajes.
Desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), reiteramos una convicción ética y política que hemos defendido a lo largo de décadas de trabajo territorial e investigación social: la defensa irrestricta de la libertad de prensa y la búsqueda de una paz negociada no son causas antagónicas ni incompatibles; por el contrario, son principios que se complementan y fortalecen mutuamente.
No existe la posibilidad de construir una paz estable, justa y duradera en un territorio donde el periodismo sea silenciado mediante el miedo o la coacción. Del mismo modo, no es viable consolidar una democracia madura si la sociedad renuncia al diálogo sociojurídico como la vía principal para superar décadas de confrontación armada. La paz requiere de la verdad que el periodismo saca a la luz, y el periodismo requiere de las garantías de seguridad que solo la consolidación de la paz puede brindar.
Es precisamente por esta razón que valoramos los Espacios de Conversación Sociojurídica abiertos con distintas estructuras armadas al margen de la ley: con el EGC y con las que hacen presencia en el Valle de Aburrá. Estos escenarios no significan impunidad, ni pretenden reemplazar la función constitucional de los jueces de la República. Representan, fundamentalmente, la oportunidad histórica de que grupos armados asuman compromisos públicos de desescalamiento de la violencia, respeto por las poblaciones protegidas y sometimiento a reglas claras que permitan reducir las afectaciones a los territorios mientras se avanza hacia la paz.
Por esta razón, hacemos un llamado respetuoso pero firme al próximo Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella para que preserve, garantice y fortalezca estos canales de conversación sociojurídica. La continuidad de los esfuerzos de paz no puede quedar a merced de los giros ideológicos o de los cambios de administración; debe responder al interés superior de la sociedad colombiana de alcanzar una tranquilidad duradera basada en la verdad, el respeto a los derechos humanos y la justicia.
Las amenazas contra periodistas en Apartadó y en cualquier rincón del país no tienen ni tendrán jamás justificación alguna. Deben ser investigadas con la mayor prontitud, esclarecidas hasta sus últimas consecuencias y sancionadas con todo el rigor de la ley. Proteger la vida y la labor de los periodistas de Urabá es una prioridad inaplazable para el Estado y una exigencia innegociable de la sociedad.
Pero esa misma defensa vehemente de la libertad exige rechazar con igual firmeza las condenas anticipadas y la especulación acelerada. La verdad histórica y judicial no se construye sobre la base de conjeturas ni señalamientos mediáticos, sino sobre pruebas sólidas, investigaciones independientes y fallos judiciales imparciales.
Proteger la libertad de informar, garantizar la credibilidad de la justicia penal y preservar las oportunidades de diálogo sociojurídico son tareas que deben avanzar de forma paralela. Solo a través de este equilibrio será posible garantizar la seguridad de la prensa local, sostener la confianza en las instituciones y mantener viva la esperanza de una paz posible en las regiones de Colombia.
A.U.