El EGC y la paz posible: una conversación en las entrañas de Tierralta, Córdoba
Reiteramos que: “La paz se firma con los enemigos”, convencidos de que cerrar las puertas al diálogo sería regresar inevitablemente al lenguaje de la guerra.
Así se mueve el diálogo más avanzado de la Paz Total, en territorio del Ejército Gaitanista de Colombia –EGC-.
Córdoba, Colombia, 21 mayo de 2026.- Tierralta, un extenso municipio del sur de Córdoba que limita estratégicamente con Antioquia y alberga lugares emblemáticos como la represa de Urrá y el Parque Nacional Natural Paramillo, se ha convertido en uno de los escenarios más sensibles del actual proceso de diálogo entre el Estado colombiano y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), organización mal conocida durante años como Clan del Golfo, Clan Úsuga o Urabeños.
A unos 78 kilómetros de Montería, la presencia del EGC no es un rumor, es visible y determinante en amplias zonas rurales. El grupo ejerce control territorial, social y logístico en amplias zonas rurales. Allí, uno de los hombres encargados de mantener el orden interno y supervisar lo que podría convertirse en una futura concentración de combatientes en el marco de los diálogos de paz es un comandante conocido como Jerónimo.
En esta región, que además fue designada por el Gobierno Nacional como una de las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), el periodista Luis Fernando Quijano Moreno, director de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (CORPADES) y editor general de la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO, se internó para sostener un encuentro con quien el EGC presenta como uno de sus comandantes políticos.
El encuentro
La reunión ocurrió en un lugar ubicado en la zona rural. No hubo cámaras, grabadoras ni despliegues de seguridad visibles. Solo una conversación larga, pausada y marcada por el calor intenso de Córdoba.
“Había unas diez o quince personas. Todos muy amables conmigo. Jerónimo estaba vestido de civil. Nos sentamos a la mesa, algunas personas estuvieron cerca de él, no vi armas de fuego, fue una conversación fluida. Hablamos de diversos temas en medio del calor que se siente en Córdoba, bastante alto a esa hora, 10:30 de la mañana. Tomamos tinto, comimos sánduches”, relata Quijano.
“No somos herederos del paramilitarismo”
Uno de los primeros temas abordados fue el origen del EGC. Jerónimo sostiene que la organización no nació como una continuidad directa de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), pese a que desde distintos sectores políticos y académicos se les ha señalado históricamente como herederos del paramilitarismo.
“Nosotros no somos herederos del paramilitarismo, no surgimos de lo que quedó de las AUC, nuestro movimiento es posterior a eso. Cuando nosotros intentamos surgir, había otros grupos también iniciando. Es un trabajo sucio decir que somos herederos del paramilitarismo. Es un invento para deslegitimar nuestra lucha. Somos un proyecto político militar de resistencia civil en armas”, afirmó.
Según su relato, el nombre del grupo surgió en abril de 2009, durante la captura de Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, a quien reconocen como su primer comandante.
“Recuerdo que en el momento de la captura de Don Mario, en el platanal en el que lo capturaron, él dijo: ‘yo soy de las gloriosas Autodefensas Gaitanistas de Colombia’. Ese es el inicio del EGC”, relató Jerónimo.
Don Mario fue capturado en zona rural de Urabá y, tras su caída, la estructura quedó bajo el mando de Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, y Dairo Antonio Úsuga, alias “Otoniel”.
Durante la conversación también surgió el tema de las llamadas “Águilas Negras”, nombre que durante años ha aparecido en panfletos amenazantes y acciones violentas en distintas regiones del país. Jerónimo niega cualquier vínculo estructural con esa denominación: “Las Águilas Negras fueron un invento, una creación macabra para justificar ataques a la población”, dijo.
Las “Águilas Negras” comenzaron a ser mencionadas desde 2007, tras la desmovilización de las AUC. El nombre fue utilizado para referirse a estructuras residuales o nuevas expresiones armadas financiadas principalmente por el narcotráfico. Con el tiempo, distintas bandas delincuenciales y actores armados usaron la denominación de manera anónima para sembrar terror mediante amenazas, desplazamientos y extorsiones.
La Paz Total y los acercamientos con el Gobierno
El EGC manifestó oficialmente al Gobierno Nacional su voluntad de acogerse a la política de Paz Total en agosto de 2022. Desde entonces, el proceso ha atravesado momentos de tensión, obstáculos jurídicos y episodios que casi terminan rompiendo los acercamientos.
Uno de esos episodios ocurrió en marzo de 2023, cuando el grupo fue señalado de participar en un paro minero en el norte de Antioquia, apenas tres meses después de que el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego con varias estructuras armadas, incluido el EGC. Sin embargo, el proceso continuó.
En agosto de 2024 se abrió formalmente un espacio de diálogo y, posteriormente, en septiembre de 2025, se desarrolló la primera ronda de conversaciones en Doha, Catar.
En esas conversaciones se abordaron temas sensibles como la desvinculación de menores de edad, la sustitución de economías ilícitas, la creación de planes piloto de confianza y compromisos relacionados con el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH).
El acuerdo de Doha incluyó mecanismos de protección para menores, sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, creación de grupos de trabajo comunitarios y compromisos del EGC de no interferir en procesos electorales ni obstaculizar labores de desminado humanitario.
Para el seguimiento y verificación del proceso se solicitó acompañamiento internacional de organismos como la ONU, la MAPP/OEA y la Conferencia Episcopal.
Los países que acompañan, median y facilitan las conversaciones de paz y procesos sociojurídicos entre el Gobierno colombiano y el EGC son cuatro: Qatar (país anfitrión donde se llevan a cabo las mesas de negociación y diálogos principales) España, Noruega y Suiza.
“Ya van dos ciclos. Estos países no son observadores, sino acompañantes, han ayudado mucho en estas conversaciones”.
El comandante Jerónimo, resalta que esta característica es fundamental en el diálogo. “Implica una diferencia drástica en su nivel de responsabilidad, funciones jurídicas y capacidad de intervención dentro de la mesa de diálogo sociojurídico”. Añade que, mientras un observador es un testigo pasivo, un país acompañante es un actor político y diplomático activo. La diferencia operativa se estructura en compromisos y funciones como la de romper bloqueos, es decir, si las delegaciones suspenden la mesa por desacuerdos (como ocurrió a inicios de 2026), el grupo de países mediadores tiene la facultad de citar a reuniones de emergencia en sedes neutrales para destrabar el proceso.
Asimismo, realizan una mediación directa, diseñando propuestas, acercando posturas técnicas y actuando como puentes de comunicación cuando las partes cortan el diálogo directo. También emiten comunicados conjuntos institucionales para validar el cumplimiento o denunciar violaciones de los pactos humanitarios y de cese de hostilidades. Y lo más importante, aportan legitimidad jurídica e internacional al proceso ante organismos como la ONU, reduciendo los riesgos de que el proceso sea desconocido políticamente en el futuro. Mientras que un país observador solo registra lo que ocurre, el país acompañante sostiene políticamente la mesa, propone soluciones y asume el costo diplomático de que el proceso avance con éxito.
En medio del proceso de diálogos, el Gobierno nacional, a través de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz encabezada por Otty Patiño, solicitó la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 29 integrantes del EGC, entre ellos el comandante Javier, comandante del grupo organizado y requerido en extradición por Estados Unidos. La medida hacía parte de la estrategia de Paz Total y buscaba facilitar el traslado de estos integrantes hacia dos ZUT, previstas para comenzar a funcionar el 25 de junio, con el propósito de avanzar en conversaciones de paz y procesos de sometimiento. El Gobierno argumentó que la suspensión permitiría garantizar el desplazamiento preparatorio, progresivo y condicionado de los integrantes del grupo armado hacia dichas zonas.
Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación decidió no acceder, por ahora, a la suspensión de las órdenes de captura y mantuvo vigente su posición incluso después de una reunión de varias horas con representantes del Gobierno. El ente acusador argumentó que primero debe verificar detalladamente la identidad y situación jurídica de las 29 personas incluidas en la lista, así como confirmar si realmente pertenecen al EGC y si tienen requerimientos judiciales nacionales o internacionales. Además, la Fiscalía sostuvo que cualquier avance en este proceso debe estar acompañado de compromisos concretos relacionados con la desarticulación de las estructuras armadas, el cese de violaciones al DIH y a los derechos humanos, la entrega de armas, la liberación de menores reclutados, la ubicación de desaparecidos y el desmonte de las economías ilegales y redes financieras del grupo armado ilegal.
“La confianza es trascendental”
Jerónimo insiste en que el eje central del proceso es la construcción de confianza entre las partes. “El tema de la confianza es trascendental, es un paso a paso. Si el Estado da muestras de avanzar, nosotros también lo hacemos. La seguridad en los territorios es fundamental. Queremos que no ocurra lo mismo que pasó cuando se desmovilizaron las Farc”, afirmó.
También asegura que uno de los compromisos asumidos en Doha fue la no presencia de menores de edad dentro de la organización. “Tenemos cómo demostrar que no tenemos menores de edad en nuestras filas. Si alguna célula o subgrupo nuestro tiene menores y nos damos cuenta, restablecemos sus derechos y esa célula o subgrupo es sancionada”.
El comandante afirma además que el grupo tiene estructuras de control interno y normas disciplinarias. “Tenemos manual de convivencia, estatutos y régimen disciplinario. Ningún miembro del EGC puede hacer una afectación ni leve o grave contra la población civil porque está en los estatutos la sanción correspondiente al acto cometido. Tenemos un estricto régimen disciplinario. Nos regimos por los principios de Jorge Eliécer Gaitán”.
El modelo IRA y el reconocimiento político
Uno de los puntos que llamó la atención en medio de la conversación fue la referencia permanente al proceso del Ejército Republicano Irlandés (IRA), en Irlanda del Norte.
Jerónimo asegura que el EGC quiere seguir un modelo similar. “Queremos que nuestro proceso sea similar al del IRA, construyendo confianza para avanzar. Si no hay confianza, no hay avances”.
El proceso del IRA culminó con el Acuerdo de Viernes Santo de 1998, basado en el abandono de las armas, la liberación de presos políticos, reformas institucionales y la creación de un gobierno compartido.
El EGC considera que ese modelo permitiría que se les reconozca un carácter político y no únicamente ilegal.
Sin embargo, ese propósito choca con la postura del Estado colombiano, que insiste en considerar al grupo como una estructura ligada principalmente al narcotráfico y al crimen organizado.
Jerónimo, no obstante, asegura que el hecho de ser considerados un Grupo Armado Organizado (GAO) les permite un escenario distinto. “No nos sentimos mal porque nos llamen GAO. Ser GAO es un nivel diferente. Es un respaldo, es el mismo estatus del ELN y nos permite dialogar”.
Sobre la decisión de Estados Unidos de catalogarlos como organización terrorista, afirmó: “Tampoco nos sentimos preocupados ni incómodos que Estados Unidos nos considere terroristas. Tradicionalmente esa lista se enfocaba en grupos extremistas internacionales y políticos”.
Las Zonas de Ubicación Temporal
Uno de los puntos neurálgicos del proceso son las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT). El Gobierno de Gustavo Petro formalizó estas zonas mediante la Resolución 471 de 2025, bajo el marco de la Ley 2272 de 2022.
Las zonas estarán ubicadas en áreas rurales de Tierralta y Belén de Bajirá, aunque sus coordenadas exactas permanecen reservadas por razones de seguridad.
Según Jerónimo, cerca de 400 hombres llegarían a Tierralta y a Belén de Bajirá. “No serán un Santa Fe de Ralito, no somos Farc. Allá hubo un desorden monumental y ausencia del Estado. En las ZUT el Estado no estará ausente. Ninguna comunidad se puede sentir en riesgo. No será un bacanal. Acá no habrá fiestas, disparos ni desorden”, aseguró.
El comandante sostiene que las comunidades no sienten temor por la instalación de estas zonas. “La comunidad no tiene miedo. Es estos territorios no habrá actos de indisciplina, solo se vivirá para la construcción de la paz real.
El informe del Mecanismo Tripartito
El pasado 22 de abril de 2026, el Mecanismo Tripartito de Seguimiento, Monitoreo y Verificación del Espacio de Conversación Sociojurídico entre el Gobierno y el EGC presentó su primer informe bimestral.
El reporte destacó avances en la organización institucional, la instalación de grupos de trabajo en municipios priorizados y la creación de herramientas para monitorear los compromisos adquiridos.
También señaló progresos en programas de sustitución de cultivos ilícitos y confirmó que, según el propio EGC, no hay menores de edad en sus filas.
Sin embargo, el informe advirtió dificultades relacionadas con la confianza comunitaria, la seguridad territorial, la coordinación institucional y la infraestructura en las regiones priorizadas.
Neutralidad electoral
Jerónimo también habló sobre las elecciones presidenciales y negó cualquier respaldo político a candidatos. Días después de esa conversación, el EGC divulgó un comunicado oficial prohibiendo a sus integrantes participar en política o apoyar campañas presidenciales.
La directriz, firmada por el comandante Javier, prohíbe apoyar, patrocinar, coaccionar o sugerir preferencias electorales a favor de cualquier candidato presidencial. Según el comunicado, la organización busca mantenerse al margen de la contienda política y evitar cualquier señalamiento de injerencia en el proceso electoral. Además, el EGC aseguró que cualquier ciudadano que considere haber sido presionado para votar por determinado candidato podrá acudir al Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento para presentar las respectivas denuncias acompañadas de pruebas.
“El Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en cabeza de su comandante Javier, se permite informar a la opinión pública lo siguiente: Se ha impartido una orden específica a todos los comandantes de bloque, de frente y, en general, a todos los combatientes pertenecientes al Ejército Gaitanista de Colombia, según la cual queda expresamente prohibido participar en política, apoyar, patrocinar, coaccionar o incluso sugerir preferencia por algún candidato en particular.
En caso de que algún ciudadano haya sido constreñido, inducido o presionado para votar por un candidato a la presidencia específico, se invita a presentar la respectiva denuncia con todas las pruebas ante el Mecanismo Tripartito de Monitoreo, Verificación y Seguimiento a los Acuerdos suscritos en Doha, cuya secretaría técnica está a cargo de la MAPP/OEA, con el objetivo de tramitarla de manera inmediata.
No se dejen engañar: el Ejército Gaitanista de Colombia no se presta para juegos sucios ni para servir como chivo expiatorio en la contienda electoral. Nuestro compromiso es con el pueblo colombiano y con el respeto pleno de su libre determinación política, actuando exclusivamente en defensa de sus intereses y de los principios que nos guían.
Agradecemos a la ciudadanía por su comprensión y confianza”.
“No somos de la Junta del Narcotráfico”
Durante la conversación con el comandante Jerónimo surgieron otros temas, relacionados con narcotráfico, control territorial, la figura jurídica del EGC y las tensiones con el Gobierno.
Jerónimo aseguró que el grupo no comparte la definición que en ocasiones ha utilizado el presidente Gustavo Petro cuando habla de una supuesta “Junta del Narcotráfico”. “No pertenecemos a la Junta del Narcotráfico que menciona el señor presidente Petro. Lo que pasa es que nosotros no salimos a pelear por eso, lo tomamos con calma”, afirmó.
El comandante insistió en que el EGC posee tres estructuras organizativas claramente definidas: “Tenemos tres estamentos: político, militar y Estado Mayor conjunto”.
También habló sobre una presunta emboscada ocurrida después de una reunión sostenida el 3 de febrero de 2025. “Hemos sido muy prudentes y queremos sacar adelante este proceso. Terminado el encuentro nos armaron una emboscada para capturarnos o matarnos. Sin embargo, a pesar de esa jugada sucia, seguimos firmes en el ánimo de dialogar”. Según Jerónimo, en esa reunión estuvo presente “Javier”, su máximo comandante.
Otro de los temas abordados fue el papel que, según ellos, cumplen en las regiones donde operan. “La comunidad sabe quiénes son los comandantes del EGC y puede acudir a ellos para solucionar sus problemas, pero no queremos reemplazar al Estado. Precisamente por la ausencia del Estado tenemos que asumir esos roles”.
También se refirió al fenómeno del narcotráfico y al control territorial que ejercen. “Nosotros hacemos control al narcotráfico, manejamos el tema, pero no lo prohibimos. Matar al jíbaro no es la solución, matar consumidores no es la solución. Hacemos control al microtráfico para que no se constituyan pandillas. Son economías informales, no ilegales, a las que hacemos control”.
“Regulamos el mercado del narcotráfico, el narcotráfico no nos pertenece, protegemos al campesino cultivador de hoja de coca de la embestida de los verdaderos traquetos y cobramos un impuesto de guerra al narcotraficante.”
Jerónimo también afirmó que el EGC combate la expansión del Tren de Aragua. “Frente al Tren de Aragua, nosotros los enfrentamos. A nuestras zonas no los dejamos llegar y, si aparecen, los enfrentamos militarmente.”
Sobre el abogado Ricardo Giraldo, cuyo nombre ha surgido alrededor de los acercamientos jurídicos y políticos del proceso, el comandante aseguró: “No es miembro del EGC. Es un profesional del derecho que acompaña el trabajo que nosotros estamos haciendo en el tema de los diálogos para que sea posible la paz en el país. Es un abogado excelente y creemos que merece reconocimiento por su aporte”.
Jerónimo también hizo un llamado para que el papel de los abogados en los procesos de paz no sea estigmatizado. “No por ejercer su trabajo significa que estén filiados o hagan parte de un grupo armado”.
Mientras el calor de Tierralta cae lentamente sobre los caminos polvorientos y las montañas del Paramillo, surge una pregunta en el ambiente: ¿qué pasará con este proceso si cambia el Gobierno?
Hasta ahora, los candidatos presidenciales han guardado silencio frente a unos diálogos que, pese a las tensiones jurídicas, las desconfianzas mutuas y los constantes “palos en la rueda”, avanzan más que muchos otros intentos de negociación abiertos en el país.
En las regiones donde la guerra ha sido parte de la cotidianidad durante décadas, la incertidumbre política genera preocupación. Porque más allá de los discursos de Bogotá, en estos territorios la paz no es una consigna abstracta: significa menos muertos, menos desplazamientos y la posibilidad de que el Estado llegue finalmente a lugares donde históricamente otros actores impusieron el orden.
Desde CORPADES y la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO se insiste en que ningún gobierno debería desmontar una mesa de diálogo que ha logrado mantenerse abierta en medio de tantas dificultades.
Reiteramos que: “La paz se firma con los enemigos”, convencidos de que cerrar las puertas al diálogo sería regresar inevitablemente al lenguaje de la guerra.
En Tierralta, donde hombres armados hablan de confianza, desarme gradual y presencia estatal, el futuro todavía es incierto. Pero incluso quienes observan el proceso con cautela reconocen que algo se está moviendo en silencio en estas montañas del sur de Córdoba: un intento (todavía frágil, todavía polémico) de cambiar la lógica de las balas por la de la conversación.
CORPADES y la Agencia de Prensa ANÁLISIS URBANO apoyamos y creemos en la paz.
Precisión legal
Aprovechamos el espacio de encuentro y contactamos posteriormente al doctor Ricardo Giraldo, abogado del EGC, para conocer su posición como jurista sobre la postura asumida por la Fiscala General de la Nación, la doctora Luz Adriana Camargo, sobre las ZUT y la suspensión de las ordenes de captura a 29 miembros del grupo armado organizado EGC.
Análisis Urbano: ¿Quién tiene la facultad para suspender la ejecución de las órdenes de captura, incluidas aquellas con fines de extradición?
Ricardo Giraldo: Responderé a partir de una lectura desde la Ley 2272 de 2022, la sentencia C-525 de 2023 y la Resolución 294 de 2025.
El problema mal planteado
El debate público en torno al choque entre el Gobierno Nacional y la Fiscalía General de la Nación a propósito de los 29 integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) ha sido formulado de manera imprecisa. La pregunta no es quién dicta las órdenes de captura —eso es competencia indiscutida de los jueces—. La pregunta jurídicamente correcta es quién tiene la facultad para suspender la ejecución de esas órdenes — en virtud de un proceso de paz —, incluidas aquellas que han sido dictadas con fines de extradición. Y allí la respuesta, leída con rigor, no admite mayor controversia: esa facultad le corresponde al Presidente de la República por mandato expreso del legislador.
El mandato literal del legislador
El parágrafo 3° del artículo 8° de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5° de la Ley 2272 de 2022, dispone, en lo pertinente, que en las zonas de ubicación temporal acordadas en el marco de un proceso de paz “quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición”, contra los miembros del grupo armado organizado al margen de la ley, durante la permanencia en dichas zonas y durante el desplazamiento hacia ellas, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado el proceso.
Dos elementos del texto merecen subrayarse. Primero, lo que se suspende es la ejecución material de la orden, no la orden misma, que conserva plena validez procesal y produce todos sus demás efectos. Segundo, la norma incluye expresamente a los solicitados en extradición, sin que el operador jurídico tenga margen alguno para excluirlos. Ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
La reserva legal y la sentencia C-525 de 2023
Algunos han objetado que esta facultad invade competencias autónomas de la Rama Judicial. La objeción ya fue resuelta por la Corte Constitucional. En la sentencia C-525 de 2023, el alto tribunal declaró exequible la Ley 2272 de 2022 y avaló la facultad gubernamental de adelantar acercamientos y conversaciones orientadas a la paz y al sometimiento a la justicia. Lo hizo precisamente bajo la lógica del principio de reserva legal: los términos en los que se regula la suspensión de la ejecución de las órdenes de captura, la creación de zonas de ubicación temporal y las garantías de seguridad jurídica para quienes participan en los procesos son materia que corresponde definir al Congreso. Y eso fue exactamente lo que el Congreso hizo al expedir la Ley 2272.
No se trata, por tanto, de una potestad arrogada por el Ejecutivo ni de un acto discrecional del Presidente. Es una consecuencia jurídica definida directamente por el legislador, en desarrollo del mandato constitucional del artículo 22 —la paz como derecho y deber— y del artículo 189 —la conservación del orden público y la conducción de las relaciones internacionales—. La Corte fue clara: la facultad presidencial de adelantar estos procesos se enmarca en el mandato constitucional de conservación del orden público.
A.U.