Presidente electo De la Espriella: la paz no puede cambiar de gobierno
Hay momentos en la historia de un país en los que resulta necesario hacer un alto, mirar el camino recorrido y preguntarse, con absoluta honestidad, qué funcionó, qué fracasó y qué debe corregirse.
Análisis Urbano y Corpades invitan al presidente electo Abelardo de la Espriella a preservar los escenarios de diálogo como parte de una estrategia integral de Paz Urbana-Rural, sin renunciar a la autoridad del Estado ni a la justicia.
Medellín, Colombia, 3 agosto de 2026.- Hay momentos en la historia de un país en los que resulta necesario hacer un alto, mirar el camino recorrido y preguntarse, con absoluta honestidad, qué funcionó, qué fracasó y qué debe corregirse. Colombia vive uno de esos momentos. En pocos días asumirá un nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de una de las crisis de seguridad más complejas de las últimas décadas, marcada por la expansión de organizaciones armadas, el recrudecimiento de la violencia en varias regiones y una profunda incertidumbre sobre el futuro de los procesos de paz.
Desde la Agencia de Prensa Análisis Urbano y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) queremos expresar una posición serena, independiente y, sobre todo, comprometida con la vida.
La paz sigue siendo el camino. Pero no hablamos únicamente de la paz como una aspiración abstracta. Desde hace varios años, tanto Análisis Urbano como Corpades han sostenido que Colombia necesita construir una verdadera Paz Urbana-Rural.
Ese concepto parte de una realidad que hoy resulta inocultable: la violencia ya no distingue entre el campo y la ciudad. Las economías ilegales, las estructuras armadas, el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el control territorial funcionan como una sola red criminal que conecta veredas, corregimientos, municipios y grandes centros urbanos. Lo que ocurre en el Bajo Cauca repercute en Medellín; las decisiones que toman organizaciones asentadas en el Valle de Aburrá terminan afectando municipios del Suroeste, el Nordeste, el Urabá, el Magdalena Medio o el Norte de Antioquia. Pensar que la violencia puede resolverse únicamente desde lo rural o exclusivamente desde lo urbano es desconocer la forma como hoy operan las organizaciones armadas en Colombia.
Por esa razón, la Paz Urbana-Rural no consiste únicamente en sentar a dialogar a quienes empuñan las armas. Significa construir mecanismos diferenciados para atender las violencias de las ciudades y las del campo, sin perder de vista que ambas hacen parte del mismo fenómeno. También supone fortalecer la presencia institucional, garantizar derechos, proteger a las comunidades y exigir compromisos verificables a quienes manifiesten voluntad de abandonar la violencia.
No existen dos violencias distintas. Existe un mismo fenómeno criminal que cambia de rostro según el territorio. Por eso la respuesta del Estado tampoco puede fragmentarse: la seguridad, la justicia y la construcción de paz deben pensarse de manera articulada entre la ciudad y el campo.
No se trata de una consigna política ni de una bandera ideológica. Es una convicción nacida de décadas documentando el conflicto armado, acompañando comunidades víctimas de la violencia y observando cómo cada escalada militar deja nuevas familias desplazadas, nuevas madres que entierran a sus hijos y nuevos territorios sometidos al miedo. Hemos padecido directamente los rigores de esa guerra. En las últimas dos décadas, 24 integrantes de nuestra organización han sido asesinados.
Eso no significa desconocer la realidad. Sería irresponsable ignorar que durante los últimos años muchos colombianos consideran que la política de Paz Total no produjo los resultados esperados. Persistieron enfrentamientos, aumentaron las disputas territoriales entre organizaciones armadas y continúan registrándose homicidios, desplazamientos, confinamientos y ataques contra la Fuerza Pública y la población civil. Los acontecimientos recientes, incluido el atentado con explosivos contra una base policial en Cúcuta, recuerdan que la violencia sigue cobrando vidas y desafiando la capacidad del Estado para proteger a los ciudadanos.
También es posible que algunos de los actores armados que participaron en conversaciones con el Estado no hubieran aprovechado plenamente una oportunidad histórica para avanzar hacia la desmovilización y el abandono definitivo de las armas. Esa es una realidad que deberá ser analizada con rigor.
Pero reconocer los errores no significa renunciar al diálogo. Todo lo contrario. Los procesos de paz no pueden medirse únicamente por sus fracasos. También deben evaluarse por las vidas que logran salvar, por los territorios donde disminuye la confrontación y por las posibilidades que ofrecen para sustituir la lógica de la guerra por la del entendimiento.
En los últimos días, Análisis Urbano informó sobre dos acontecimientos que ilustran esa complejidad.
Por una parte, las amenazas denunciadas contra periodistas del Urabá antioqueño, rechazadas por la Fundación para la Libertad de Prensa, recordaron que ninguna organización armada puede pretender silenciar a quienes ejercen el periodismo. Al mismo tiempo, el abogado Ricardo Andrés Giraldo Cifuentes, apoderado del Estado Mayor Conjunto del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), pidió que la Fiscalía esclarezca plenamente los hechos y sostuvo que, de comprobarse la participación de integrantes de esa organización, tales conductas serían incompatibles con los compromisos asumidos dentro del Espacio de Conversación Sociojurídica. Esa respuesta demuestra que el diálogo también crea escenarios donde pueden exigirse responsabilidades y verificarse compromisos.
De otra parte, publicamos las distintas versiones sobre la presunta alianza entre las disidencias de alias «Calarcá» y la estructura conocida como El Mesa. Mientras algunas informaciones, citando fuentes de inteligencia, hablan de un supuesto acercamiento para enfrentar al Clan del Golfo, la organización El Mesa lo niega categóricamente y afirma que su propósito es avanzar hacia escenarios de diálogo con el Estado. Como corresponde al periodismo responsable, presentamos ambas versiones sin anticipar conclusiones, convencidos de que será la justicia la encargada de establecer la verdad.
Ese ejercicio periodístico refleja también una forma de entender la paz: escuchar, contrastar, verificar y no reemplazar la investigación por el prejuicio.
Autoridad para combatir el crimen; diálogo para construir la paz
Por eso queremos dirigirnos respetuosamente al presidente electo Abelardo de la Espriella.
Señor Presidente: Colombia necesita autoridad. Nadie discute que el Estado tiene la obligación constitucional de perseguir el delito, proteger a la población y garantizar la seguridad en todo el territorio nacional.
Pero Colombia también necesita puertas abiertas para la paz. La historia demuestra que incluso los gobiernos más firmes en materia de seguridad comprendieron que el diálogo no representa una muestra de debilidad, sino un instrumento del Estado. Durante los gobiernos del expresidente Álvaro Uribe Vélez, mientras se desarrollaban importantes operaciones militares contra organizaciones armadas, también existieron acercamientos y escenarios de negociación con distintos actores del conflicto.
Esa experiencia demuestra que el uso legítimo de la fuerza y la búsqueda de soluciones negociadas no tienen por qué excluirse mutuamente.
Precisamente porque creemos en la Paz Urbana-Rural, consideramos que los dos Espacios de Conversación Sociojurídica actualmente existentes y la mesa de diálogo con otras organizaciones armadas no deberían desaparecer con el cambio de gobierno. Deben ser evaluados, corregidos y fortalecidos. Si hubo errores, es indispensable reconocerlos; si existieron incumplimientos, deben señalarse; y si alguna organización utilizó esos escenarios para fortalecerse militarmente, el país tiene derecho a conocerlo y el Estado tiene el deber de reaccionar. Pero precisamente para eso sirve el diálogo: para exigir explicaciones, construir confianza verificable, corregir errores y establecer nuevas reglas. Cerrar definitivamente esos escenarios significaría renunciar a una herramienta que, aunque imperfecta, sigue ofreciendo una alternativa distinta a la guerra permanente.
No pretendemos decirle al nuevo Gobierno cuál debe ser su política de seguridad. Esa es una decisión democrática que corresponde al Presidente de la República. Lo que sí consideramos nuestro deber, como organización defensora de derechos humanos y como medio de comunicación que ha documentado durante décadas el conflicto colombiano, es recordar que Colombia nunca pierde cuando dialoga y siempre corre el riesgo de perder mucho cuando deja de hacerlo.
Queremos invitarlo a escuchar. Escuchar a las comunidades que viven en medio del conflicto. Escuchar a las víctimas. Escuchar a quienes dejaron las armas. Escuchar incluso a quienes manifiestan voluntad de abandonar definitivamente la violencia, siempre dentro del marco de la Constitución y de la ley.
La paz nunca será el resultado exclusivo de una firma ni de una operación militar. La paz se construye todos los días. Con verdad. Con justicia. Con autoridad legítima.
Pero también con la decisión política de no renunciar jamás al diálogo. Porque la guerra siempre deja el mismo resultado: cementerios más grandes, familias destruidas y generaciones enteras acostumbradas al miedo.
La Paz Urbana-Rural no es una concesión al crimen ni una renuncia a la autoridad del Estado. Es una estrategia para impedir que nuevas generaciones sigan heredando una guerra que lleva demasiadas décadas. La paz sigue siendo la única victoria que pertenece a todos los colombianos.
Desde Análisis Urbano y la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) seguiremos defendiendo la Paz Urbana-Rural como una política pública capaz de articular seguridad, justicia, desarrollo y diálogo. No porque ignoremos la gravedad del crimen organizado, sino porque conocemos demasiado bien las consecuencias de la guerra. Durante décadas hemos visto cómo la violencia cambia de nombre, de uniformes y de territorios, pero siempre deja el mismo saldo: vidas truncadas, comunidades desplazadas y oportunidades perdidas. Colombia merece intentar un camino distinto. No pedimos ingenuidad; pedimos que Colombia no renuncie a la posibilidad de resolver sus conflictos por un camino distinto al de las armas. La paz no pertenece a un gobierno, ni a un partido, ni a una ideología. La paz pertenece a la sociedad. Y por esa razón, la paz no puede cambiar de gobierno.
A.U.