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En ese lapso de tiempo fueron capturadas 263 personas y dos más fueron abatidas en medio de combates. Además, fueron incautadas 84 armas de fuego y cerca de 7300 unidades de munición de diferentes calibres. Gracias a la presión militar, catorce de sus integrantes han decidido abandonar sus filas y entregarse de manera voluntaria sometiéndose a la justicia.

Es cierto que por el momento no hay certeza de la eventual relación que pueda existir entre los desplazamientos masivos registrados en varias veredas del municipio de Puerto Libertador y la actividad minera en la zona. Sin embargo, una fuente de la Defensoría señaló: “En estos proyectos de minería a cielo abierto o grandes explotaciones es muy costosa la reubicación de la población y se afectan los cronogramas de explotación, por lo cual es mucho más fácil entrar a trabajar a un territorio que esté despoblado”. Por lo pronto, es claro que en Córdoba, como en otras zonas del país, el desplazamiento forzado por el conflicto armado no es una tragedia del pasado.

Pese a las dificultades, estos pasos que se vienen dando en Remedios son importantes. Para los campesinos representa una esperanza y por eso la participación masiva en la elaboración de las propuestas, por lo que esperan que el gobierno nacional cumpla y no sea un esfuerzo en vano.

Pero el problema no radica, únicamente, en la cantidad de uniformados en la zona o las dificultades de acceso al terreno, pues tal como lo ha denunciado la Comisión de Justicia y Paz, es probable que los agentes de la Fuerza Pública conozcan los movimientos de las AGC que se han dado recientemente.

Desde el puerto, otros individuos, que presuntamente habrían hecho parte de ese grupo armado organizado y ahora serían del Frente Virgilio Peralta Arenas, mal llamados Caparrapos, les ordenaron detenerse.