Antioquia, Colombia, 23 abril de 2023.- Mientras en el país disminuyen las muertes violentas, en la subregión ubicada al suroeste de Antioquia, diversos grupos armados en constantes disputas siguen poniendo una cuota de violencia lapidaria en la vida y el ambiente de los habitantes.
Por su parte el Comandante de la Policía, Coronel Heinar Giovany Puentes Aguilar, sigue ocultando en los reportes oficiales los casos en los que se presentan homicidios en su jurisdicción, cuando en la realidad el derecho a la vida de la población se sigue diluyendo en su indiferencia.
Nuestros propios reportes han logrado establecer que al día de hoy se han registrado 72 casos de muertes violentas en los 23 municipios del Suroeste durante este año.
A la misma fecha del 2022, la cifra de asesinatos solo había alcanzado los 47 casos., es decir que los casos aumentan alarmante en un 51.19%.
En las últimas semanas y en los últimos días la violencia criminal se sigue concentrando con mucho más rigor en esta zona.
Por ejemplo, el viernes 14 de abril en la vereda La Bodega, en el municipio de Andes, fue asesinado Daniel Zapata, obrero en un cultivo de aguacate de ese municipio.
El 10 de abril fue hallado sin vida el cuerpo de un hombre en zona rural del municipio de Andes, vereda California, sector Los Ranchitos, respondía al nombre de Juan David Montoya de 34 años, fue asesinado con arma de fuego y dejado a orillas del río Tapartó.
Otros 4 homicidios ocurrieron en los municipios de Fredonia, Titiribí y Andes que muestran un desangre continúo que se apodera de esta subregión.
Desde la ONG Corpades y la Agencia de Prensa Análisis Urbano, nos atrevimos a conocer más de cerca sobre lo que está ocurriendo y realizamos un estudio de casos de homicidios en el Suroeste.
Encontramos que en los primeros 3 meses de los años 2022 y 2023 el horror y la sed de sangre de los actores armados incrementó el 59% de los homicidios (Cifras Policía Nacional).
Esto va en contravía del ambiente que se cierne desde lo nacional, mientras los esfuerzos del Gobierno siguen logrando cerrar espacios a la muerte para salvar vidas, se reduce la tasa nacional al mínimo histórico de 26 puntos por cada cien mil habitantes.
Esa sensación de paz también ha hecho posible una reducción en la tasa de muertes violentas en el departamento de Antioquia, que ahora, ha descendido a 28 casos por cada cien mil habitantes, 2 puntos por encima de la nacional.
Grupos armados ilegales someten a las comunidades del Suroeste Antioqueño
Es de conocimiento de las autoridades, principalmente de los habitantes que son sometidos, que fuertes grupos armados ilegales y bandas locales se están disputando las rentas ilegales, los corredores estratégicos, las cabeceras municipales de la subregión.
Tasas de Homicidios
El resultado de la ceguera institucional fue completamente desastroso en términos de violencia, dejó una tasa de cerca de 55 casos por cada cien mil habitantes en 2022, doblando en cifras departamental y nacional.
Y eso no es todo. 17 de los 23 municipios duplicaron esa tasa nacional y departamental.
Las ciudades con las tasas más altas en 2022 fueron en su orden: Venecia 140.4 casos por cada cien mil habitantes (5,4 veces más alta que la tasa nacional), Salgar 105.4, Urrao, 104.4, Ciudad Bolívar 84.5, Andes 72.7, La Pintada 70.9, Fredonia 62.6, Betania, 56.0, Santa Bárbara 54.6, Angelópolis 49.9, Pueblorrico 44.2, Caramanta, 41.1, Jardín 39.3, Jericó 35.2, Hispania 34.8 y Betulia 30.6. Todos por encima de las estadísticas nacionales.
Sin perder de vista que durante el 2021 se presentaron 5 masacres en el suroeste, 2 en Andes, 2 en Betania, 1 en Ciudad Bolívar. Siendo una de las zonas en las que más se presentan masacres de Antioquia.
En 2022 fueron registradas 2 masacres en el suroeste, 1 fue en el municipio de Venecia y la otra en Salgar.
Este año, en el mes de enero se presentó una masacre de 3 personas en Ciudad Bolívar, en febrero de este mismo año, se presentó otra masacre en este mismo municipio.
Todos estos elementos muestran unas prácticas y unas dinámicas de violencia concentradas en municipios de esta subregión que son perpetradas indudablemente por los poderes armados.
Si recordamos que en los primeros 3 meses el incremento alarmante en los casos de homicidios en la región del Suroeste alcanzó un 59%, podemos entender que el suroeste está siendo objeto de disputas y tensiones entre actores armados que buscan en el homicidio una práctica de control social demencial.
Al analizar cada uno de los municipios es notorio que el aumento del 266.7% en los casos del municipio de Andes deberían ser suficiente para encender las alarmas.
En Ciudad Bolívar el aumento significó un porcentaje de 225%, Titiribí 200%, Betulia 100%, Urrao 40%, Amagá 33.3%, Santa Bárbara 33.3%.
Solo se redujeron en Fredonia, Salgar, Betania, Caramanta, Hispania y Angelópolis.
En los municipios en los que no se habrían presentado homicidios en los primeros 3 meses 2022, pero que en 2023 empezaron a mostrar prácticas sicariales, fueron: Jardín, La Pintada, Montebello, Támesis, Tarso y Valparaíso.
Una historia ya advertida
La lectura territorial ya habría sido realizada y denunciada en mayo del año 2021. En esa época, la Agencia de Prensa Análisis Urbano, logró describir prácticas y estrategias de grupos armados que revelamos en el artículo titulado: “Suroeste de Antioquia: la nueva tierra paramilitar” y no era para menos.
Diversos informes y entrevistas con las comunidades han demostrado una reconfiguración y fortalecimiento de grupos armados en cada rincón de esta subregión antioqueña y en todo el departamento, sin que se inmutara la fuerza pública y los organismos de investigación del Estado.
Las Alertas Tempranas AT no acatadas por las autoridades
Antioquia es uno de los departamentos del país con más alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, eso no ha sido útil al momento de evaluar las respuestas institucionales para reducir los factores de riesgo de la población.
Una de las primeras alertas tempranas recientes fue emitida para el municipio de Urrao con el número 027-19. Esta alerta de hace 4 años, alertaba (valga la redundancia) al Estado colombiano y a las autoridades departamentales sobre el avance y el control armado del grupo armado ilegal de las AGC representado en esta región por los Bloque la Sierra y el Frente Suroeste. Pero además, también la presencia de La Oficina del Valle de Aburrá.
Todos y cada uno de estos grupos conformados por unidades completamente descompuestas en sus valores humanos y sociales, abstraídos en su mayoría por el alto consumo y uso de drogas ilícitas.
Lo anterior mostraba una grave situación por la disputa territorial que se iba ampliando hacia otros corredores del suroeste de Antioquia con ocasión de rutas internacionales para el tráfico de armas y narcóticos desde y hacia la Costa Pacífica colombiana.
Esa configuración armada obviamente aumentaba los riesgos de violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario de las comunidades dada la exposición de comunidades y poblaciones de protección especial como las comunidades negras e indígenas. 4 años después de emitirse esta alerta aún continúan los riesgos latentes.
¿Dónde estuvieron las autoridades civiles, militares y policiales?
Tal cual se había calculado por la Defensoría del Pueblo el avance de los actores armados continúan posicionándose y generando afectaciones a los derechos humanos de la población del suroeste.
Por esta razón, se construye la AT 044-20 para los municipios de Andes, Betania, Ciudad Bolívar, Hispania, Jardín y Salgar por las tensiones y disputas entre diferentes grupos armados como las AGC, La Cabaña, Los Pelipintados, Salto, Sangre Negra, La Oficina y otras bandas delincuenciales locales.
No se conocen acciones realmente concluyentes, por lo tanto la respuesta se entiende como una peligrosa omisión estatal.
Dos años después, el escenario continuaba agudizándose y la población seguía siendo sometida por los actores armados ilegales.
La Defensoría del Pueblo anuncia la AT 013-22 para los municipios de Fredonia y Venecia. El primer factor de riesgo es la presencia y concentración del poder territorial del Bloque la Sierra de las AGC, la comercialización de sustancias ilícitas y el control social bajo prácticas sicariales contra vida, la libertad y la integridad física de niños, niñas y adolescentes de estos municipios.
Las dinámicas más graves se presentan en los corregimientos de Bolombolo y La Mina (Venecia) y los corregimientos de Puente Iglesias, La Mina, Piedra Verde y Palomo, veredas el Mango y el Plan y el Barrio Guarcito (Fredonia), Antioquia.
Allí tampoco acudieron de manera diligente las acciones del Estado.
Como si fuera poco, la Defensoría del Pueblo decide anunciar una preocupación en la AT 008-22 por la profundización de los riesgos para las poblaciones del municipio de Titiribí.
Las estructuras armadas de las AGC y la Oficina de San Pablo, esta última perteneciente a la denominada Oficina del Valle de Aburrá, se dividieron el territorio para controlar intereses particulares, principalmente determinados por el tráfico de sustancias ilícitas y la minería ilegal.
El control social impedía incluso libre circulación de personas por el sector conocido entre la vereda Corcovado y Las Bateas, ello con el fin de contener el avance de las AGC.
No se puede descartar que se estén presentando otros delitos como el reclutamiento, desaparición forzada, desplazamiento forzado, amenazas, extorsiones, constreñimiento y que en algunos casos las fuerza pública sea permisiva con algunos de estos grupos ilegales.
La angustia, el miedo, la zozobra y la inseguridad siguen tomando partido de las cotidianidades de la población, mientras esto siga ocurriendo y las autoridades sigan dejando espacios abiertos a la delincuencia, se estará contemplando un no futuro para estas poblaciones que también piden a gritos la Paz Total.
A.U.
