La “Brigada Nacional 18”: ¿el renacimiento del paramilitarismo urbano en Medellín?

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La eventual aparición de un grupo ‘anticomunista’ de justicia privada debe encender las alarmas de la institucionalidad en momentos en que la seguridad en el área metropolitana de Medellín sufre un grave deterioro.

Por Luis Fernando Quijano, director de la Agencia de Prensa Análisis Urbano

Es evidente, a juzgar por aumento de homicidios, que algo no funciona desde hace largo tiempo en la estrategia de seguridad urbana pese al empeño que le pone el alcalde. No hay un solo indicador que nos hable de efectividad contra el crimen.

Y lo peor es que ese escenario de creciente deterioro de la inseguridad se puede complicar en el corto y en el mediano plazo.

Hay cinco componentes que así lo indican: la amenaza de las AGC de que harán mayor presencia militar en las principales ciudades del país; la guerra fría al interior de La Oficina; la presencia del crimen trasnacional con rostro mexicano en el Valle de Aburrá; la guerra contraterrorista que se abre paso tras el atentado del ELN en Bogotá, y el probable resurgimiento del paramilitarismo urbano en Medellín.

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Este último factor es de extrema gravedad porque ya si alguna ciudad de Colombia ha sufrido en el pasado los efectos perniciosos del paramilitarismo urbano es Medellín.

Y hoy no nos extrañe que, como resultado de la guerra contraterrorista que ya comienza a desplegar el Estado contra el ELN, se produzca un renacimiento de ese fenómeno.

En los últimos días, han aparecido en Medellín mensajes de un supuesto grupo que se autodenomina “Brigada Nacional 18” y que proclama una ideología “anticomunista”.

Ese nombre –hasta ahora no se sabe si detrás de él hay una estructura que pone en peligro a la ciudad– apareció por primera vez en un perfil de Facebook el 19 de enero, dos días después del atentado del ELN a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá.

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Se presentó como “una fuerza independiente” que busca “la defensa de nuestra gente de manera honorable”.

El 23 de enero, esa supuesta organización puso afiches con la suástica nazi y carteles en el puente peatonal ubicado en la calle 67 (Barranquilla), frente a la Universidad de Antioquia. En ellos proclamó su anticomunismo y lanzó amenazas como:

“No queremos más guerrilleros en la UDEA. ¡Les llegó su hora!” o “Muerte al comunista. No más guerrilleros en la UDEA”.

Y el 26 de enero comenzó a circular un video por las redes sociales en las que un hombre armado y con el rostro cubierto que pertenecería a esa supuesta organización asegura que tres días antes ser realizó “una alerta de combate” contra “las personas que se encuentran infiltradas dentro de las universidades y alteran el orden público y generan el terrorismo en estas y en sus alrededores”.

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Entre más tarde la institucionalidad en descubrir quiénes están detrás de esas amenazas, a qué intereses responden, qué poder real tienen (económico o militar) y qué pretenden, más aumentará la incertidumbre y la sensación de inseguridad que acciones de este tipo producen.

Sobre todo, en un entorno urbano que ya es precario. Al 27 de enero ya iban 53 homicidios en el año en Medellín, dos diarios en promedio y un 20,5 por ciento más que los registrados en el mismo periodo de 2018. Esto, sin contar con las desapariciones forzadas que, por incidencia, merecerían una atención especial por parte de la institucionalidad.

Los hurtos ya rebasan los 1.000 en lo que llevamos del año –ocurre uno cada 40 minutos—y qué decir del alza de las vacunas (extorsión), los pagadiarios y el control territorial del crimen organizado.

Es evidente que hay un deterioro en la seguridad de la ciudad, por mucho que se afirme desde la institucionalidad que las acciones emprendidas son las correctas. Los índices de criminalidad que divulga la propia Alcaldía demuestran que no lo son y que desde hace tiempo debió haberse redireccionado la estrategia.

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Lo peor es que a esta problemática de seguridad tan fuerte que vive Medellín se le añaden nuevos componentes que la podrían hacer más compleja.

El primero de ellos es el anuncio realizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) el pasado 9 de diciembre:

“Redoblamos nuestros esfuerzos –anunciaron ese día– para hacer presencia política, social y militar en todas las ciudades capitales, con el fin de darle tranquilidad, seguridad y protección a las comunidades de los sectores populares y los gremios de la producción económica”.

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El segundo agravante de la inseguridad es la profundización de la guerra fría entre las dos líneas militares que están adentro de la Oficina del Valle de Aburrá, conocida como la Oficina de Envigado.

Cada día que pasa, la llamada línea 80 de La Oficina, que es mayoritaria se conoce como la Alianza Criminal del Norte, pierde terreno ante el avance de línea 20, conocida como Confederación Criminal de Medellín.

Incluso se podría hablar de que la correlación de fuerzas entre esas dos estructuras se habría modificado en los últimos meses y hoy estaría en un 60 por ciento la mayoritaria y en un 40 por ciento la minoritaria.

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Esto significa que siguen los enfrentamientos entre las bandas armadas, así la jefatura militar de La Oficina no esté oficialmente en confrontación, lo que producirá más violencia y criminalidad en el área metropolitana.

El tercer factor que gravita en el tema de la seguridad es la confirmación de la presencia del crimen trasnacional con rostro mexicano en el Valle de Aburrá y la capital del departamento de Antioquia.

Todavía hoy no se dan las explicaciones oficiales de cómo haya existido presencia de miembros del Cartel de Sinaloa, como Alfredillo, el hijo del Chapo Guzmán, y otros delegados del crimen trasnacional, en la ciudad y el resto del área metropolitana.

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El cuarto factor es el cambio del antiguo paradigma de guerra contrainsurgente a guerra contraterrorista, a partir del atentado del ELN con carro bomba a la Escuela de Cadetes de la Policía en Bogotá.

El Estado y esa guerrilla cambiarán parte de su estrategia militar, política e incluso económica, en el caso de la insurgencia, y eso llevará al fortalecimiento del ELN en Medellín y el Valle de Aburrá.

Más hoy que en el 2014, cuando el ELN tomo la decisión de crear el Frente de Guerra Urbano Nacional, “Comandante en jefe Camilo Torres”, que cuenta con una red de militantes urbanos con alta capacidad logística, militar y económica para realizar golpes contundentes como el ocurrido en Bogotá el 17 de enero.

El quinto factor que augura el deterioro de la seguridad en el Valle de Aburrá está relacionado con el cuarto y es el eventual resurgimiento del paramilitarismo, ahora con rostro más urbano y citadino que nunca, en el área metropolitana de Medellín.

Así lo estaría indicando la aparición de la propaganda de la “Brigada Nacional 18”. Hay que pensar que los panfletos que han dejado sus promotores se podrían transformar en acciones contra quienes ellos consideran sus enemigos: las personas “infiltradas dentro de las universidades y alteran el orden público y generan el terrorismo”.

La llegada de este presunto grupo también debería inquietar porque, a pesar de ser difuso su mensaje por la mezcla de regionalismo paisa y un aparente nacionalismo, la existencia de suásticas en sus panfletos dejan preguntas inquietantes.

Aquí estamos frente a la posibilidad de que bajo el nombre de “Brigada Nacional 18” comiencen a cometerse masacres en las comunidades, en los centros universitarios, como la UdeA, o de que asesinen a más defensores de derechos humanos y líderes sociales.

Hay que recordar que Medellín ha sido y es el laboratorio donde se han ensayado todo tipo de propuestas de guerreristas.

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La pregunta es válida porque es evidente que hoy, frente la acción terrorista del ELN y la respuesta del gobierno del presidente Iván Duque, se ha priorizado la guerra y se abandonó de tajo, lamentablemente, el camino de la paz.

 

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