Asimismo, exigieron al Gobierno nacional tomar medidas de carácter urgente para garantizar la vida, la integridad personal y el trabajo de los personeros del país, así como el de todos los líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, quienes se encuentran expuestos a actos de violencia por su trabajo en favor de la defensa de los derechos de todos.
Categoría: Caquetá
El grupo ilegal firmante (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del pueblo FARC-EP), se define como una “organización revolucionaria que lucha y defiende los derechos del pueblo, ante los atropellos de la oligarquía colombiana, para así brindar a todos una Colombia justa”.
Estas comunidades mingueras junto con las autoridades tomaron la decisión de accionar en el marco de las vías de derecho para reflexionar y analizar de fondo las diferentes problemáticas que los aquejan dentro de los territorios, no solamente a los pueblos indígenas sino a las organizaciones sociales y procesos populares del país.
A pesar que las antiguas Farc, ya entregaron sus armas y se convirtieron en un partido político, Ijají señala que aún persisten en el territorio disidencias y diversas bandas criminales que podrían ser las responsables del asesinato del líder indígena, pero que hasta el momento todo es materia de investigación.
Como resultado de las diligencias judiciales ejecutadas durante la jornada judicial contra la violencia a la mujer, los jueces de control de garantías, por solicitud de la Fiscalía, impusieron medidas privativas de la libertad a 552 de los procesados y otorgaron 68 medidas de protección a las víctimas, que les permitirán estar a salvo de sus agresores.
Alias Lámpara, había reactivado las rutas de narcotráfico de alias Evaristo quien fue extraditado a Estados Unidos en 2013 y tras cumplir su condena regresó deportado al país hace dos meses.
Con alias Rodrigo Cadete fueron abatidos otros 9 guerrilleros, además de varias capturas practicadas y del decomiso de abundante material de guerra, entre fusiles, radios, computadores, comida y otros pertrechos, informó el Ministerio de Defensa.
Al consolidar los casos de 2018, la Entidad estableció que entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de diciembre de 2018 fueron asesinados 431 líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos, en su mayoría vinculados a Juntas de Acción Comunal, indígenas, comunitarios, campesinos y afrodescendientes.
“Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que haga presencia en el territorio en programas sociales, mejoramiento de vías, que se brinden las garantías de seguridad y protección de los líderes sociales con el fin que se respete la vida”, pidió la Confederación Nacional en un comunicado.
Para la comercialización de sustancias estupefacientes, ese combo utiliza habitantes de calle para realizar la venta y transporte de marihuana y bazuco, al igual que realiza domicilios a lugares cercanos del barrio San Cayetano del municipio de La Estrella, por medio de llamadas telefónicas a celulares.