Bello bajo fuego: la desaparición forzada en la guerra urbana de 2019 y 2020
En la primera parte del trabajo titulado «Bello bajo fuego 2020: la guerra urbana que pudo evitarse» se mostró el alcance que tuvo la confrontación armada en el año 2019, hasta mayo. Al día de la publicación se habían registrado 51 homicidios y unas 22 desapariciones forzadas. A la fecha, 11 de mayo, se han sumado tres homicidios, para un saldo de 54.
Lo que siguió en esta confrontación en junio, julio y agosto fue devastador para el municipio; la tregua paró momentáneamente la confrontación, mas no los asesinatos.
Junio estuvo agitado, violento y lleno de zozobra para los bellanitas; nadie cedía en los tres grupos enfrentados, por un lado, Pachelly y Niquía-Camacol y El Mesa, por el otro. Al primero de junio ya se reportaban 69 homicidios.
El domingo 2 de junio inició con varios hechos violentos, el primero ocurrido a las 3:30 a. m., en una cigarrería de la calle 58 con carrera 62A, barrio Playa Rica, sector Obra 2000. En el lugar fue hallado el cadáver de Manuel Tiberio Salazar Tobón, de 69 años. Los asesinos trataron de ocultar el asesinato incendiando el lugar, sin embargo, los investigadores judiciales encontraron que el cuerpo presentaba golpes contundentes en diferentes partes.
Posteriormente, a las siete de la mañana, en la avenida 47B con diagonal 59, barrio Niquía, en plena vía pública y dentro de un vehículo Hyundai Accent color gris, placa LAM 852, fue hallado el cuerpo de un hombre de entre 40 y 45 años, quien presentaba heridas con arma de fuego y arma blanca; sello característico de las estructuras criminales que se enfrentaban, los bellanitas lo sabían.
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La racha de muerte no paró allí, a las 10:10 a. m. fue encontrado el cadáver de un hombre de entre 20 y 25 años, en la vereda La China, del corregimiento San Félix, el cuerpo mostraba heridas con arma de fuego.
A las 8:00 p. m., se presentó el cuarto y último homicidio de la fecha; en la carrera 65 con calle 75, barrio Villa del Sol, fue asesinado con arma blanca Julián Andrés Díaz Aguirre, de 34 años.
El número de homicidios cometidos en Bello en lo corrido de 2019 ascendía a 73 hasta ese momento.
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El lunes festivo, 3 de junio, un nuevo homicidio ocurría, esta vez en el sector de la Guayana, barrio Niquía, adentro de una heladería fue asesinado un hombre, la cifra de homicidios subió a 74.
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Surge la iniciativa del diálogo ciudadano como alternativa para frenar la violencia
Los enfrentamientos armados seguían dejando heridos, homicidios, masacres, desplazamientos forzados intraurbanos, reclutamiento y desapariciones forzados; para el 5 de junio, la situación de orden público en Bello era insostenible.
La mirada estaba puesta sobre el municipio, 74 homicidios se habían registrado en lo corrido del año 2019; en 2018, a esa fecha, el registro era de 28. El aumento en 46 homicidios dejaba claro que en el territorio bellanita se estaba librando una guerra urbana entre poderosas organizaciones criminales y no entre bandas «chichipatas» o de delincuencia común, como suelen llamar con ligereza a los grupos criminales algunos estudiosos del conflicto urbano y rural que desconocen el poder de mafias, paramilitares y crimen trasnacional mezclados. Hasta ese momento la institucionalidad mostraba una debilidad que intentaba cubrir con más represión; la comunidad no era tenida en cuenta.
Sin embargo, la abundante presencia militar y policial, los varios consejos de seguridad y los anuncios mediáticos no paraban el desangre; la respuesta efectiva no llegaba para detener la violencia y la criminalidad ya desbordada.
«La comunidad bellanita está amenazada, amedrentada y con miedo de salir a las calles» (Adriana María Salas, Secretaria de Gobierno).
Pero en medio de anuncios de aumento en el pie de fuerza y militarización del municipio, la administración municipal, en cabeza de César Suárez Mira y la secretaria de Gobierno, daba un giro hacía la búsqueda de otras salidas más democráticas, como tratar de involucrar a la ciudadanía en la resolución pacífica de los problemas de orden público en el territorio.
«El trabajo no solo es de la Policía —explicó el alcalde Suárez—. La comunidad hace parte fundamental y es importante y por eso la queremos vincular. No queremos que ellos vengan a nosotros a ponernos quejas, queremos es llegar a estos barrios y sectores y sentarnos con los abuelos, niños y jóvenes y brindarles temas culturales, artísticos y deportivos».
Así surgió el proyecto Bello Somos Todos, un intento por darle voz a la ciudadanía, haciendo énfasis en las zonas donde la confrontación armada se estaba desarrollando. Era clara la afirmación de la secretaria de Gobierno: «Una forma de contrarrestar la violencia y recuperar la convivencia y el sosiego en los entornos es ir nosotros a ellos».
Fueron anunciadas intervenciones en el barrio Niquía, San Andrés, parque La Chinca, parque del Goretti, puente de La Selva, placa deportiva Niquía Maxicolbe, instituciones educativas Concejo de Bello y Santa Catalina y en otros espacios afectados por la violencia, todos ubicados en las comunas 5, 6 y 7 de Bello, consideradas como las más afectadas en el momento.
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Bello Somo Todos no era la panacea que solucionaría la disputa armada, sin embargo, podría servir para apuntalar un poco la presencia institucional; obviamente no bastaba con eso, se necesitaba que los bandos enfrentados dieran el paso adelante para terminar la disputa armada. Era claro que la institucionalidad no podía desmantelarlos, quizás podría controlarlos, pero erradicarlos o aniquilarlos, no, la falta de voluntad política y de inteligencia sumada a la perdida de legitimidad en los territorios era el gran obstáculo para arrinconar al crimen urbano bellanita.
Pacto criminal en Medellín: terminó la guerra fría en la Oficina del Valle de Aburrá
El ejemplo claro de cese de enfrentamientos armados y reducción de homicidios lo mostró un mes antes el crimen urbano de Medellín. La Agencia de Prensa Análisis Urbano así lo mostró el 2 de junio cuando presentó el artículo: Prometen cumplirlo: Oficina anuncia pacto de paz y fin de la guerra fría en Medellín y Valle de Aburrá, que exponía el fin de la guerra fría en la Oficina del Valle de Aburrá, denominada la Oficina de Envigado, y que dejaba hasta ese momento 306 homicidios, la mayoría a causa de la disputa armada de las dos líneas militares.
Por un lado, la llamada Alianza Criminal del Norte que agrupa la mayor parte de las bandas del Norte del Valle de Aburrá, con epicentro en Bello. Bandas muy poderosas o estructuras del crimen muy fortalecidas en la comuna 6 (Doce de Octubre), en la comuna 8 (Villa Hermosa) y que incluso tienen gran participación en la comuna 10 (centro de Medellín). Se habla también de la comuna 15 (Guayabal), donde está la banda La Raya, y uno de los lugares que se ha denominado el gran fortín, que es la comuna 16 (Belén), dominado casi exclusivamente por la Alianza Criminal del Norte. Por el otro lado está la Línea Minoritaria —o como la hemos denominado desde Análisis Urbano: Confederación Criminal de Medellín—. Hacen parte de esta La Terraza, asociada con Los Pesebreros que están en comuna 7 (Robledo), en comuna 13 (San Javier), en comuna 12 (La América) y que fueron expulsados de la comuna 16. Se dice incluso que la Oficina de San Pablo hace parte de esta línea.
Durante casi dos meses recopilamos datos para constatar lo que estaba ocurriendo en el bajo mundo. ¿Sería cierto que se dio un pacto, ajustando el Pacto del Fusil? Así fue, el enfrentamiento de las líneas militares de la Oficina, según nuestras fuentes, había cesado, tiempo después el comandante de la Meval, brigadier general Eliécer Camacho, lo reconocía, posteriormente lo dejó entrever el nuevo secretario de seguridad, general retirado José Acevedo.
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El general retirado que tendrá a cargo la seguridad en Medellín
Afortunadamente no se llegó a la guerra abierta de la Oficina, la ciudad metropolitana se salvó de repetir ese periodo oscuro y violento entre 2007 y 2011 que nos dejó más de ocho mil homicidios, cuando se desató la guerra de las líneas militares de la Oficina, cuyos jefes eran alias Valenciano y alias Sebastián. El poderío territorial, económico, militar y de fuego de la Oficina se ha mostrado varias veces. ¿Qué será lo que permite que la institucionalidad invisibilice la existencia de esta poderosa estructura criminal convirtiéndola en varios Grupos de Delincuencia Organizada (GDO) y no en un Grupo Armado Organizado (GAO)?
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La institucionalidad del orden nacional todavía desconoce el poder criminal de la Oficina y sus más de 300 bandas. No hay que olvidar que la Oficina del Valle de Aburrá no existe como GAO; el Estado colombiano y el gobierno de turno tan solo hablan de unos GDO, negando la jerarquía en esa estructura criminal que tiene, bandas, coordinadores, subjefes, jefes, junta directiva, patrones y patrones de patrones, toda una jerarquía del bajo mundo, esa categorización impide el sometimiento de la estructura criminal en su conjunto.
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El pacto que puso fin a la guerra fría en Medellín pudo servir para acabar la guerra urbana en Bello; la institucionalidad no supo aprovecharlo
El trabajo desarrollado por la institucionalidad fue fundamental para provocar que la jefatura de la Oficina se sentara a dialogar, además de que eso llevara a que, desde las cárceles de Colombia, los exjefes que están recluidos ayudaran a aclimatar la confrontación armada y que cesara la guerra fría en la Oficina; algunos abogados cumplieron papel destacado en el impulso del pacto.
La experiencia que dejó el diálogo y la negociación del pacto que puso fin a esta guerra fría fue importante, por lo que debió sistematizarse para enriquecerla y aplicarla en la guerra urbana en Bello, donde se conformaron con una tregua meses después, que no es lo mismo que un pacto.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano y la ONG Corpades recordaban permanentemente que la confrontación que se desató en Medellín y en buena parte del Valle de Aburrá, que terminó en pacto, nada tenía que ver con la guerra urbana en Bello, allá la minoría Pachelly, El Mesa y Niquía Camacol seguían enfrentados.
El nueve de junio ya se presentó un nuevo homicidio que elevaba a 75 la cifra de muertes violentas, esta vez fue en la diagonal 57 con la avenida 41, barrio Niquía de Bello, allí fue encontrado el cadáver de un hombre, de entre 25 y 30 años, en la parte trasera de un taxi de placa TRF 152. La guerra seguía.
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Capturas, decomisos, homicidios, torturas y desapariciones forzadas son parte de la cotidianidad en junio
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El lunes 17 de junio, en las horas de la noche, hubo tres homicidios, todos por arma de fuego. Ascendía la cifra de asesinatos a 81, sobrepasando los registrados en todo el año 2018, cuando fueron reportados 79 homicidios.
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La guerra no paró allí
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El 29 de junio, a las 3:30 de la mañana, hubo un ataque sicarial en el barrio Obrero; un hombre y una mujer fueron asesinados. La cifra aumentaba a 88 homicidios en Bello.
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Con el homicidio de Hisleny Medina Restrepo, de 33 años, por arma blanca, aumentaba a 89 el número de asesinatos en los primeros seis meses del año 2019.
En julio arreciaba la confrontación armada
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En este mes, fenómenos como las casas de tortura y pique o la desaparición forzada empezaron a salir a flote a partir de la denuncia que realizó públicamente el entonces gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien aseguró el 16 de julio: «Es un acto de lo más brutal de la humanidad». «Esperamos que no vayamos a descubrir que han metido a 20 o 30 a una marranera», agregó.
«Es un acto tan atroz, tan brutal, tan inhumano, que a uno le da es pena decir esto en público. Yo lo estoy diciendo es para que nos ayuden a que la gente participe más y que esto no vuelva a ocurrir. Yo le pedí a la Fiscalía, le pedí a la Secretaría de Gobierno, les pedí a las autoridades que empiecen a hablar más con el testigo, y que nos indiquen qué hay que hacer en este tema y si alguna gente conoce esta situación tan atroz que nos dé información», puntualizó el entonces gobernador.
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Combos de Bello estarían asesinado a sus enemigos y arrojando sus cuerpos a los cerdos
La Agencia de Prensa Análisis Urbano informa que frente a las desapariciones forzadas en Bello publicará un artículo enfocado solo en ese tema. Por ahora continuaremos con el recuento de los hechos sobre violencia, criminalidad, capturas y decomisos ocurridos, incluyendo los casos de desaparición.
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El 31 de julio fueron varios homicidios los que cerraron el mes. El primer caso fue el de un hombre atacado por varios sujetos que portaban armas de fuego y, al parecer, armas blancas. Esto ocurrió cerca de la plaza de mercado. Con este caso la cifra de homicidios aumentaba a 99 en lo corrido del año 2019, pero no se detuvo ahí.
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Posteriormente fue atacado a bala Juan Camilo Montoya Ospina, alias Ñato, presunto jefe de la banda Pachelly; luego fue asesinado Daniel Monsalve Chalarca, alias Alejo, de 31 años, y un niño de cinco años fue impactado en la cabeza por una «bala perdida».
Terminaba julio con 101 homicidios ocurridos los primeros siete meses del año 2019.
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En Bello no habrá más muertos, al menos no por cuenta de la guerra, es lo que decían los mensajes que circularon por redes sociales la noche del 27 de agosto.
La Agencia de Prensa Análisis Urbano ya había anunciado que esto ocurriría. El 22 de agosto, en el artículo «En Bello no pasa nada», advertíamos que llegaba la pacificación al municipio y que la tregua era una realidad.
Fumaron la pipa de la paz
«Se le informa a toda la comunidad bellanita que a partir de la fecha: agosto 27 de 2019, se para el conflicto en dicho municipio entre las estructuras criminales. Para que toda la comunidad esté tranquila. Paz en Bello», es lo que dice el mensaje.
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La tregua no fue aprovechada para que ganara terreno la institucionalidad y menos para prever y controlar su rompimiento en enero de 2020
Lamentablemente, la institucionalidad no aprovechó la tregua para consolidar su presencia y recuperar la legitimidad del Estado social de derecho en el municipio, principalmente en las comunas afectadas por la guerra urbana. Es claro que se durmieron la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los gobierno local, departamental y nacional. La nueva guerra urbana que se desató a principios de 2020, y que a la fecha se mantiene, así lo demostraba.
En el artículo Bello bajo fuego 2020: la guerra urbana que pudo evitarse dejábamos en claro que la confrontación armada pudo evitarse o, al menos, haber reducido sus efectos. Lo mismo pensamos con la anterior. La falta de sagacidad, malicia indígena, voluntad política e inteligencia en la planeación de la estrategia de seguridad provocaron este nefasto escenario. Aplicarlo no era complicado, se habrían podido evitar tantas muertes, desapariciones forzadas y heridos; muchas de las víctimas fueron personas ajenas a la confrontación armada, murieron por sospecha o por encontrarse en el lugar cuando se desataban las balaceras.
Nos preguntábamos en el artículo citado anteriormente: ¿qué falló en la estrategia de seguridad de 2019 y falla ahora en 2020? Y ahora podemos reforzar la respuesta.
Fallaron muchas cosas, no nos cansamos de repetir algunas de ellas; una verdadera inteligencia policial y militar, ágil y productiva investigación judicial, capacidad de maniobra de la administración municipal, voluntad política del presidente Iván Duque Márquez para impulsar el sometimiento en plena tregua de las bandas bellanitas, con eso se habría logrado una parte del desmantelamiento, el momento era propicio, se desperdició.
Igualmente, la institucionalidad no mantuvo la convocatoria y el empoderamiento de organizaciones, liderazgos sociales y comunidad organizada; a la sociedad civil también le faltó seguir exigiendo su participación activa en las decisiones del municipio.
El diálogo, la negociación y la participación de jefes del crimen urbano rural de la Oficina y las AGC, además de antiguos jefes detenidos en las cárceles, fue fundamental para la tregua en Bello
Finalmente, el pacto real que acabó con la guerra fría en buena parte del Valle de Aburrá y que afectó principalmente a Medellín no se supo aprovechar para extenderlo a Bello. Nuestra institucionalidad se durmió en un «pírrico triunfo», era una tregua, no el triunfo de la institucionalidad sobre las bandas enfrentadas.
No se entiende cómo un trabajo mancomunado que realizó la institucionalidad y que fue clave para forzar a la jefatura de la Oficina del Valle de Aburrá a llegar al pacto con participación activa de antiguos jefes detenidos en las cárceles colombianas y que sirvió también para forjar la tregua en Bello, no se le dio continuidad para concluir en un pacto que dejara sin piso cualquier posibilidad de una nueva guerra.
En una próxima entrega seguiremos rastreando lo ocurrido en los últimos meses de 2019, nos adentraremos en la actual confrontación que vive Bello, trataremos de hacer propuestas efectivas que, esperamos, sean tenidas en cuenta por la institucionalidad y la sociedad civil para que entre todas y todos busquemos que la guerra en Bello concluya más temprano que tarde.
